El Congreso del Estado incumplió su propio mandato presupuestal sobre la Auditoría Superior de Michoacán durante la primera quincena de enero
El Congreso del Estado incumplió su propio mandato presupuestal sobre la Auditoría Superior de Michoacán durante la primera quincena de enero, al destinar sólo cuatro millones de los 12 millones de pesos que debían ser suministrados al órgano fiscalizador.
Cabe recordar que la Cámara determinó suprimir la autonomía financiera de la Auditoría, esto al retirarla como una unidad programática independiente dentro del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2023, con lo que los diputados buscan retomar el control del dinero y los espacios dentro del órgano fiscalizador.
Contrario a la tendencia nacional, Michoacán se convirtió en el primer estado en dar marcha atrás a la autonomía de la Auditoría Superior, la cual ahora depende económicamente de la Cámara.
En el decreto que contiene el presupuesto de egresos para este año, aprobado el pasado 21 de diciembre por el Poder Legislativo, se estableció en el artículo tercero transitorio que del presupuesto del Congreso corresponden 210 millones 688.8 mil pesos a la Auditoría, “conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 2 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado”.
El referido artículo establece que el Congreso, a través de la Comisión Inspectora, vigilará que la ministración de los recursos presupuestados a la Auditoría Superior se realice de manera oportuna por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas del propio Congreso.
“A efecto de lo anterior dichos recursos se ministrarán dentro de los primeros diez días naturales de cada mes”.
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Este enero, los recursos no fueron ministrados a la Auditoría dentro del plazo establecido en la norma. Asimismo, de los 12 millones sólo fueron cuatro los que se destinaron.
Esos recursos para pagar la primera quincena de enero a los trabajadores de la Auditoría, dejaron fuera a los 180 auditores de campo que realizan el trabajo sustantivo del órgano fiscalizador, quienes no fueron inicialmente contemplados en el pago.