Morelia, Michoacán.- El coordinador de la bancada perredista en la LXXIV, Adrián López Solís, expresó que los diputados inconformes con la aprobación de la pasada legislatura para que la iniciativa privada, a través de una Asociación Público-Privada intervenga en el ámbito de la seguridad pública del estado, a través de una posible privatización de la misma, podrán recurrir a las figuras legales pertinentes para revertir la disposición.
Ayer, en sesión plenaria, la LXXIII aprobó que la iniciativa privada intervenga en la seguridad pública, a través de la creación de una Asociación Público-Privada (APP), a partir de la cual, el Ejecutivo de Michoacán comprometerá mil 715 millones de pesos derivados del cobro de derecho por holograma de circulación o refrendo anual de calcomanía de circulación, ingresos del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal prestado bajo la Dirección y Dependencia de un Patrón, conocido como el Impuesto Sobre la Nómina.
Al respecto, López Solís justificó, “materias de este tipo se colocan también por oportunidad; oportunidad por cuanto a la necesidad que existe de fortalecer el equipamiento y la operación y las instalaciones de las tareas de seguridad. Oportunidad también por que son instrumentos o herramientas tecnológicas también que no está disponible en cualquier esquina”.
Y añadió, “las asociaciones público, privadas nacen de la propia ley, y si se cumple con lo que la ley establece, y si se cumple con las formalidades y procedimientos para llegar a estas determinaciones, pues entiendo que el caso que sigue está en la cancha del Ejecutivo, ya no está en el Congreso”.
Aclaró que, tras la aprobación de esta iniciativa por la pasada legislatura, el Congreso del Estado tan solo podrá proponer revisar el marco normativo de la iniciativa aprobada, sin embargo, admitió que “quien no esté conforme, habrá recursos que hacer valer para tratar de revertir esta determinación”.