Impune quien ordenó adquisición irregular de software en Congreso de Michoacán
Morelia, Michoacán.-Quien ordenó la adquisición irregular por 5.5 millones de pesos de un software para el manejo contable del Congreso del Estado permanece impune, ya que hasta el momento han sido sólo los funcionarios llamados a cuentas por ser quienes operaron la transacción.
El legislador Juan Carlos Barragán Vélez, quien promovió junto con las diputadas Julieta García Zepeda y Eréndira Isauro Hernández denuncia por la adquisición irregular, informó que con peritajes de la Fiscalía se acreditó el daño patrimonial.
Fue en abril de 2022 cuando fue presentada la denuncia, a la cual, se le asignó el número único de causa penal 1003202215683. De acuerdo con Barragán desde hace tres meses el asunto ya está en manos de la Fiscalía General de la República debido a que, los recursos que se usaron para la adquisición irregular del software eran de origen federal.
“Sí hubo un desfalco, se verificó el daño, hay una presunta responsable y también otros presuntos responsables también”, apunta Barragán quien abunda que fueron los funcionarios que firmaron para la adquisición.
“También se tendría que investigar a quienes dieron la orden”, señala el legislador quien al ser cuestionado acerca de si el nombre del diputado Fidel Calderón Torreblanca no aparece entre los responsables apunta que no.
“No aparece el compañero aunque desde la Junta de Coordinación Política se dio a orden, y en ese tiempo el presidente era él, aunque en la Junta el presidente no se manda solo, es un órgano colegiado donde todos toman decisiones y en donde todos se han hecho ojo de hormiga, ellos también tendrían que ser llamados a declarar”.
Cabe recordar que la contratación irregular de un software para el manejo contable del Congreso, por 5.5 millones de pesos, derivó en la primera mitad del 2022 en un escándalo al interior de la Cámara por la falta de claridad en el ejercicio de su presupuesto.
Sin contar con el poder legal para ello, funcionarios legislativos entregaron información confidencial a la empresa E5 Software contratada para la instrumentación del software.
Los poderes otorgados por la entonces presidencia del Congreso, Adriana Hernández Íñiguez a funcionarios legislativos, no los facultaban para celebrar contratos de servicios para la instrumentación del software, lo que quedaba evidenciado en la escritura pública 2486 expedida por David Franco Sánchez, notario número 64 ubicado en la capital michoacana. El acto fue celebrado el 24 de noviembre de 2021.
En la escritura se hacía constar que la presidenta del Congreso, otorgó el poder general para pleitos y cobranzas a Jaime Virgilio Moreno Zavala y/o María Isabel Ceja Linares.
Pese a ello el poder otorgado se usó de manera indebida por María Isabel Ceja Linares para celebrar un contrato de prestación de servicios, firmado el 30 de diciembre de 2021, con el proveedor José Alfredo Aburto Gaitán para implementar un sistema de cómputo, conocido con el nombre comercial de “PROGRP” para el manejo contable de la Cámara.
La contratación irregular del software se dio por orden directa de Mario Alberto Villegas Alfaro -quien hasta febrero de 2022 se desempeñó como secretario de Administración y Finanzas del Congreso del Estado- a través de un oficio fechado el 27 de diciembre de 2021, dirigido a la directora General de Finanzas de la Cámara, Beatriz Adriana Climaco Ortega, en el que de tres propuestas, instruía que fuera contratada la de José Alfredo Aburto Gaytán de E5 Software.
A pesar de que se argumentó experiencia de la empresa para su contratación, en los hechos el Congreso local era su único cliente gubernamental, ya que no existía registro alguno de E5 Software en el sistema Compranet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde se encuentran todos los procesos de licitación pública del país.
El 30 de diciembre de 2021, María Isabel Ceja Linares, en representación del Congreso, firmó dos contratos con José Alfredo Aburto Gaytán en su carácter de proveedor, uno para concretar la contratación de sus servicios, y otro de confidencialidad.
Otras tres firmas aparecían en el contrato de confidencialidad, la de Enrique Martínez López y la de Carmen Alicia Terrero Huéramo con carácter ambos de “receptor”, y la de Yair Omar Ramírez García como testigo.
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En dicho contrato se acordó la entrega de información confidencial al proveedor, el cual se comprometía a no enajenarla, arrendarla, prestarla, grabarla negociarla, revelarla, publicarla, enseñarla, darla a conocer, transmitirla o de alguna otra forma divulgarla o proporcionarla por cualquier medio.