Morelia, Michoacán.- De las resoluciones que se han girado desde la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), por detectar inconsistencias en la función pública, al menos 200 se han impugnado a través del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán.
Fue la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, Griselda Lagunas Vázquez, quien en entrevista colectiva reconoció que el número de resoluciones de la ASM que llegan a declararse improcedentes, aún es muy elevado.
Ello, debido a que al momento el Tribunal de Justicia Administrativa no se encuentra facultado para para proceder ante cualquier tipo de irregularidad cometida desde la función pública. Sin embargo, dijo, dicho escenario cambiará una vez que se eche a andar el Sistema Estatal Anticorrupción en Michoacán.
“Entiendo que se piense de esa manera, sin embargo, con el sistema anticorrupción precisamente se busca que se cambie todo eso, porque antes era muy fácil que los asuntos se declararan improcedentes”, refirió al ser abordada sobre lo cuestionado que ha sido el Tribunal de Justicia Administrativa, ante la cantidad de sanciones en la función pública que se declaran improcedentes.
En respuesta a cuestionamientos, reconoció en el 50 por ciento de las resoluciones giradas desde la ASM o a través de la Contraloría de Michoacán, no existe una sanción de por medio, debido a que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado se inclinaba por declarar la nulidad de los asuntos.
“Ya no va haber juicios que se declaren improcedentes por alguna violación procesal o alguna violación formal, porque lo que tenemos que hacer es buscar que se subsanen las violaciones de forma”, sostuvo al referir que el esquema operativo del tribunal cambiará, a partir de que se implemente el Sistema Estatal Anticorrupción.
Dijo esto, luego de recordar que con el nuevo esquema anticorrupción que se está diseñando desde el Congreso del Estado, “la auditoría y contraloría realizarán las investigaciones, y será el tribunal el que imponga las sanciones”.
Entre algunas precisiones, puntualizó que en lo que va del año no han existido recursos interpuestos en contra de alcaldes, de manera que la mayor parte de irregularidades corresponden a funcionarios del gobierno que lidera Silvano Aureoles Conejo.
Por último, informó que al Tribunal de Justicia Administrativa han llegado cerca de mil 500 asuntos al paso del primer trimestre del año, repartidos entre impugnaciones a tarifas del agua potable, infracciones, contratos de obra pública y cobros del impuesto predial.