El PAN busca detener la reforma judicial, argumentando su inconstitucionalidad
Ciudad de México.- Marko Cortés Mendoza, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), detalló en Aristegui en Vivo las medidas legales contra la reforma judicial, las cuales pretenden frenar un proceso que consideran irregular y dañino para la independencia judicial.
Han interpuesto varias acciones, incluyendo controversias constitucionales promovidas por el gobierno de Guanajuato y ayuntamientos de varios estados, algunos de ellos de comunidades indígenas. Estos argumentan que la reforma no fue debidamente consultada, lo que podría llevar a su inconstitucionalidad.
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Además, el PAN introdujo una acción de inconstitucionalidad liderada por Cortés, quien señala que este proceso se ha ‘electoralizado’ en el INE, permitiendo una participación activa de los partidos políticos en las decisiones judiciales.
“El ministro Juan Luis González Alcántara ya ha admitido a trámite la controversia constitucional del gobierno de Guanajuato”, mencionó Cortés, esperando que la acción de inconstitucionalidad también sea admitida pronto.
Cortés criticó el proceso legislativo de la reforma, calificándolo de desastroso desde su inicio, y señaló que el dictamen provino de una legislatura anterior sin respetar los tiempos y procedimientos parlamentarios necesarios.
Desde el punto de vista sustancial, Cortés destacó que la reforma compromete los derechos de los trabajadores del Poder Judicial y contraviene tratados internacionales, como el T-MEC, poniendo en riesgo inversiones y empleos.
Cortés acusó al Poder Legislativo de ignorar suspensiones judiciales, generando un conflicto entre poderes que podría derivar en una crisis constitucional. Afirmó que la reforma tiene un trasfondo político de venganza y sometimiento.
“Esta reforma lleva una V de venganza y una S de sometimiento”, declaró Cortés, comprometiéndose a continuar la lucha por la declaración de inconstitucionalidad de la reforma, tanto en forma como en fondo, para proteger la autonomía del Poder Judicial y los derechos de los ciudadanos a tener jueces imparciales y competentes.