Ciudad de México.- Alfredo Figueroa, ex consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) y analista político, ha emitido una advertencia sobre los riesgos que corre la democracia, las libertades y los derechos en México tras la reciente aprobación de la reforma al Poder Judicial por el Senado.
En una entrevista con Aristegui en Vivo, Figueroa expresó su desazón al referirse al 11 de septiembre como ‘una mañana triste’, momento en el cual se aprobó la reforma judicial con 86 votos a favor. Según él, esta reforma no solo falla en mantener una división de poderes en México, sino que además fortalece el control del Poder Ejecutivo sobre las instituciones democráticas del país.
“Ayer, los 86 nombres que están ahí, sí creo que son nombres que pasarán a la historia, como aquellas personas que, bajo su responsabilidad estricta, han decidido terminar con la posibilidad o con las condiciones de posibilidad de que el Poder Judicial sea un poder que tenga autonomía del Poder Ejecutivo.”
Figueroa también comentó sobre irregularidades en el proceso previo a la aprobación, como la intervención anticipada del presidente en favor de la candidata de Morena y las maniobras en la Cámara de Diputados y el Senado para asegurar la mayoría necesaria.
Describió la reforma como parte de ‘una cadena de fraudes’ destinados a establecer un nuevo régimen político y un partido dominante en México.
“Es una cadena de fraudes sucesivos para asestar un conjunto de golpes para construir un nuevo modelo, un nuevo régimen y un nuevo partido hegemónico en México.”
Durante la votación en el Senado, Figueroa denunció la posible retención y coacción de un senador, lo que consideró un acto inadmisible en una democracia.
Acusó al gobierno actual de adoptar prácticas ‘corruptas y corruptoras’ que socavan el sistema político y de justicia en México, y señaló que el presidente es un actor clave en la promoción de estas reformas, que buscan modificar las leyes para favorecer a su partido y mantener el control del poder.
Concluyó que la reforma judicial está sentando las bases para un régimen autoritario, donde el Poder Ejecutivo tendrá control total sobre los demás poderes, y el Poder Judicial perderá su independencia, vital para supervisar las acciones del gobierno.