Morelia, Michoacán.- Aún cuando públicamente se ha reconocido que diferentes entes gubernamentales carecen de claridad al exponer sus respectivos ejercicios fiscales, el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP) sigue sin afilar dientes para reconocerse como un órgano fiscalizador.
El que el IMAIP no cuente con dientes en cuanto a facultades fiscalizadoras, se traduce en que toda información que se exponga por parte de sujetos obligados, ya sea en Ayuntamientos o en el propio Gobierno del Estado, no puede ser analizada para comprobar su veracidad.
“Este instituto no tiene facultades fiscalizadoras, nosotros no podemos revisar si la información es verídica o no, en el caso muy preciso del IEM o el OOAPAS, como lo comenta, si algún ciudadano detecta que tienen publicada información que no sea real o no conste dentro de sus archivos, tiene todo su derecho a ir a las instancias correspondientes”, reconoció en entrevista el Consejero Presidente del IMAIP, Ulises Merino García.
Bajo estas condicionantes, el IMAIP, antes Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán (ITAIMICH), se encuentra limitado a confirmar la veracidad o alcance de la documentación básica digital que todo ente gubernamental debe exponer en sus respectivos portales, con base en el artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Con todo y las evidentes carencias que existen en el IMAIP, las evaluaciones que realizó el órgano garante en 2015 presentaron importantes deficiencias en cuanto a transparencia, considerando que el 85 por ciento de los municipios michoacanos resultó con calificaciones reprobatorias en esta materia; mientras que el Poder Ejecutivo obtuvo un 65 por ciento de calificación.
De las 74 dependencias estatales que fueron sometidas a revisión, el Consejo de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán fue el mejor acreditado con 78.47 por ciento; mientras que el Consejo de Ciencia Tecnología e Innovación recibió la calificación más baja con un 60.67 por ciento.
Entre las dependencias de mayor relevancia, se encuentran la Secretaría de Educación del Estado (SEE), con un 65.25 por ciento en su evaluación; la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), con 65.42 por ciento; la Seguridad Pública (SSP), con 72.37 por ciento y Finanzas, con un 73.72 por ciento.
En lo que refiere a los 113 municipios de la entidad, el 85 por ciento de los ayuntamientos obtuvo calificaciones reprobatorias, al no contar con la documentación básica digital que el artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece.
Incluso, 59 ayuntamientos obtuvieron calificación de cero; mientras que los 104 restantes no llegaron ni siquiera a 60 en su evaluación, lo cual refleja el poco compromiso mostrado en los gobiernos municipales cuando de transparencia se habla.
Con respecto a los municipios que mejor calificación obtuvieron en cuanto a transparencia se refiere son: Los Reyes, con 84.40 por ciento; Marcos Castellanos, 88.64 por ciento; Morelia, 85.76 por ciento; Pátzcuaro, 84.91 por ciento; y Tangancícuaro, con un 90.50 por ciento.
Partidos políticos, en la lona
Sobre el tema de los organismos políticos que acreditaron la prueba que el IMAIP realizó en 2015, se precisó que tan sólo siete de los nueve partidos lograron aprobar su respectivo examen de transparencia.
Es el caso de los partidos Movimiento Ciudadano que acreditó su prueba con un 92.37 por ciento, y del Revolucionario Institucional (PRI) que obtuvo apenas un 66.77 por ciento. Los siete institutos políticos restantes no consiguieron rebasar ni el 20 por ciento en la evaluación de transparencia, incluyendo a los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).
Ante este escenario, el ahora llamado Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales marcó como fecha límite el próximo 5 de mayo de 2017, para que los 216 sujetos obligados a evaluación de transparencia, cumplan con exponer sus datos fiscales y operativos en sus respectivos sitios web.