Morelia, Michoacán.- Tras el resolutivo del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), en el que ordena al Instituto Electoral de Michoacán (IEM), organice una consulta ciudadana en la tenencia de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, respecto a la aplicación directa de recursos, el consejero presidente del IEM, Ramón Hernández Reyes, aseguró que no ha sido notificado de dicha resolución.
“No hemos sido notificados (de la resolución) pero habremos de analizar ese tema y derivado de ello, actuar en consecuencia. Tenemos que cumplir la resolución del Tribunal Electoral, somos un órgano garante de la legalidad y cumpliremos al pie de la letra lo que nos mandate el órgano jurisdiccional”, refirió Hernández Reyes.
Con esta resolución, la comunidad de Arantepacua podrá aplicar los recursos que le otorguen de manera directa, por lo que el ayuntamiento de Nahuatzen deberá, en un plazo no mayor a tres días hábiles, autorizar, mediante sesión extraordinaria de Cabildo, la entrega de recursos de manera directa a los habitantes de Arantepacua.
El consejero presidente del IEM expuso que sabe de las diferentes posturas al respecto del tema vía medios de comunicación, pero reiteró que como órgano garante de legalidad, cumplirán lo que marca el resolutivo emitido por el TEEM.
Respecto a las comunidades que se han sumado al amago de la no colocación de casillas para la votación en la jornada electoral del 01 de julio próximo, Ramón Hernández, precisó que es trabajo propiamente del Instituto Nacional Electoral (INE), sin embargo expuso que trabajan de la mano con ese Instituto para que se permita la emisión del voto.
“Hacemos un llamado respetuoso de que no es a través de bloquear los ejercicios de los derechos públicos como se debiesen de manifestar sus inconformidades, independientemente de si son o no justas y existen otros mecanismos por los cuales se pueden atender las inconformidades y que no sea a través de privar a la ciudadanía al no permitir la instalación de las casillas”, puntualizó.
En ese tenor, señaló que es a través del ejercicio del voto como se puede castigar o premiar a los funcionarios públicos respecto al desempeño que tuvieron en sus cargos y actividad al frente de algún puesto de elección popular. “Es así como se pueden manifestar de manera muy legítima sus inconformidades”, concluyó.