Morelia, Michoacán.- Resistencia política es lo que dijeron apreciar los empresarios de Michoacán en torno a la próxima implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, una vez que estos presentaron la iniciativa #VamosPorMás.
En un acercamiento con comunicadores locales, académicos y representantes del sector empresarial se mostraron preocupados ante los altos índices de inconsistencias administrativas que enfrenta el estado, considerando que Michoacán se encuentra entre las diez entidades del país con mayor nivel de corrupción.
Dentro del nutrido grupo de empresarios y académicos que impulsaron la iniciativa #VamosPorMás, el primero en hablar fue Alberto Sánchez Cárdenas, quien como socio fundador Colegio Michoacano de Evaluación (Cemide), subrayó que el fenómeno de la corrupción “se ha agudizado en los últimos años. Un ambiente permisivo desde los ámbitos público y privado, aunado a la falta de instituciones y mecanismos eficaces para impulsar transparencia, rendición de cuentas y para reducir la impunidad, ha acrecentado la problemática. Hemos llegado a un punto insostenible”.
Un poco más mesurado, Héctor Manuel Tinoco Garduño, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), opinó que el andamiaje legal del Sistema Nacional Anticorrupción “es apenas el primer paso en la construcción de ese piso firme. Ahora tenemos que perseverar su cabal construcción e implementación”.
“No hay duda. El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción está despertando; y también está despertando resistencias”, enfatizó el presidente de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán (Fucidim), Roberto Ramírez Delgado.
En su argumento, el presidente de Fucidim sostuvo que aún existiría cierta resistencia política ante la armonización del Sistema Estatal Anticorrupción, pese a los alcances que presume el Congreso de Michoacán en este sentido.
Condenó que en diferentes entidades los Congresos locales han renunciado a contemplar al sector empresarial, en lo que se refiere a la adecuación de leyes que impulsen una mejor implementación del Sistema Estatal Anticorrupción.
“Hay grupos de políticos y funcionarios que se oponen al cambio, y otros que son incapaces de construir de la mano de la ciudadanía a la que dicen servir o representar. Queremos vivir en un país justo y libre de corrupción”, refutó.
En otro orden de ideas, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (CCEEM), Agustín Arriaga Díez urgió la necesidad de que el Congreso de Michoacán responda a la adecuación de reformas legislativas acordes a la magnitud del Sistema Estatal Anticorrupción, pero sobre todo a mostrar mayor preocupación a la autonomía que acompañará al fiscal anticorrupción que se deberá elegir.
Ya en entrevista, la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Michoacán, Lydia Nava Vázquez reconoció que podría existir cierta resistencia en algunos sectores -sin precisar cuáles-, en torno a la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción; no obstante, consideró que la situación ha sido distinta en Michoacán.
Desde su apreciación, ha existido compromiso en el Congreso para echar a andar las leyes contempladas en el sistema anticorrupción próximo a implementarse, por lo que denotó confianza en que principios de 2018 este nuevo esquema será una realidad para el estado.
Así, entre críticas y flores, el sector empresarial exhortó al Congreso de Michoacán a no minimizar el trabajo legislativo que se le debe imprimir al Sistema Estatal Anticorrupción, el cual, de acuerdo con los diputados locales, se implementará sobre enero del próximo año.