50 trabajadores “inamovibles” al servicio del Poder Legislativo heredó la actual LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado
Morelia, Michoacán.- La LXXIV Legislatura heredó al Congreso del Estado 50 trabajadores de contrato “inamovibles”, en un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE), avalado por la entonces presidenta de la Cámara, Yarabí Ávila González.
El acuerdo registrado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado el 13 de septiembre de 2021, un día antes de concluir funciones la pasada Legislatura local, quedó expuesto este jueves en Sesión de Pleno del Congreso, cuando el diputado Marco Polo Aguirre Chávez aludiera a él durante una discusión sobre lineamientos para la operación financiera de la Auditoría Superior de Michoacán.
En la discusión el coordinador de la Representación Parlamentaria se refirió a la polémica generada los últimos días en la Cámara, sobre la decisión de la Junta de Coordinación Política para despedir a 46 trabajadores.
“Ahorita les voy a dejar unos documentos de las Legislaturas pasadas, en donde dejaron alrededor de 20 empleados como inamovibles”, apuntó y señaló responsabilidad de la presidenta de la Junta de Coordinación Política de la LXXIV Legislatura como de la Mesa Directiva de la LXXIII Legislatura, como quienes habrían firmado los documentos para los inamovibles.
Más allá de lo señalado por el Legislador, el documento al que hizo alusión data de septiembre de 2021, y en él aparece el nombre de quien entonces presidía la Mesa Directiva, la hoy rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Yarabí Ávila González.
En el documento no son 20 sino 50 los nombres de trabajadores de contrato inamovibles, acordados con el Sindicato, además de un anexo con once nombres más, entre los que aparecen quien fuera la secretaria de Servicios Parlamentarios, Beatriz Barrientos, y el actual contralor de la Cámara, Alberto Chávez.
Ingresa a: Mujer muerta y hombres lesionados deja volcadura
De hecho, en su intervención durante la sesión de Pleno, Marco Polo Aguirre cuestionó que el apoderado jurídico del Congreso, que firmó el documento ante el Tribunal de Conciliación, fuera uno de los beneficiados de los contratos inamovibles.