Morelia, Michoacán.- Una vez que el Congreso de Michoacán aprobó en comisiones el dictamen correspondiente al Sistema Estatal Anticorrupción, se establecieron medidas encaminadas a imponer desde sanciones administrativas hasta penitenciarias, según expuso el diputado emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mario Armando Mendoza Guzmán.
Aunque el dictamen se deberá debatir desde tribuna, el legislador priísta destacó que a partir de que se defina el esquema que acompañará al Sistema Estatal Anticorrupción, todo funcionario que resulte implicado en actos de corrupción podría ser sancionado hasta con 20 años de cárcel.
“No teníamos leyes adecuadas, reglamentos, sanciones severas que inhibieran la corrupción y el propio sistema lo contempla, entonces es una parte importante y la segunda parte también importante ya son las sanciones; sanciones que van hasta 20 años de cárcel y sanciones económicas de hasta un millón 500 mil de unidades de medida”, puntualizó el legislador.
Ante la presencia de comunicadores locales, el legislador del tricolor subrayó que en respuesta a modelo anticorrupción que se apruebe por el Legislativo, se involucraran en el tema instancias como la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán.
A la par, refirió que se conformará un Consejo Ciudadano que velará por analizar y supervisar toda acción que se pretenda ejecutar al detectar un caso de corrupción en cualquier sector gubernamental.
En torno a cuándo podría quedar planchado el Sistema Estatal Anticorrupción, refirió que para finales de junio se estaría aprobando ante el pleno, aunque también puntualizó que su ejecución se conseguiría sobre enero de 2018, considerando que de las siete leyes contempladas en el dictamen, apenas se han aprobado cuatro.
Con respecto a las leyes aprobadas, éstas son: Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán de Ocampo; Ley de Responsabilidades Administrativas; Reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como Reformas al Código Penal del Estado.
En tanto, las leyes pendientes de aprobar tienen que ver con la derogación de diversas disposiciones de la ley orgánica de la administración pública federal; reformas a la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán y reformas al Código de Justicia Administrativa del Estado.
Bajo otro orden de ideas, el diputado priísta expuso que posterior a la aprobación de estas siete leyes, se tendría que avalar un paquete de 14 adicionales, correspondientes a adecuaciones meramente “superficiales” que se deben ejecutar a nivel local.
Finalmente, expuso que al publicar las legislaciones correspondientes a este esquema en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, se marcará un plazo de 90 días para la conformación del Consejo Ciudadano y la designación del Fiscal Anticorrupción que se encargará de ejecutar sanciones sobre los funcionarios que incidan en actos de corruptela.
A manera de contexto es importante mencionar que por mandato constitucional, el Congreso de Michoacán tiene hasta el próximo 19 de julio para consumar el análisis y aprobación del Sistema Estatal Anticorrupción, un esquema que serviría para erradicar la serie de irregularidades administrativas que se suelen registrar en el estado.