Gustavo Alarcón toma posesión de la alcaldía en un Chilpancingo bajo fuertes medidas de seguridad y custodiado por militares.
Gustavo Alarcón, profesional de la medicina, asumió el cargo de la alcaldía de Chilpancingo bajo fuertes medidas de seguridad tras el trágico asesinato de Alejandro Arcos Catalán, quien había tomado posesión el 1 de octubre.
La ceremonia de juramento se llevó a cabo durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado de Guerrero, donde estaba programada como el séptimo punto del día.
‘¡Por Alejandro y por Chilpancingo, sí, protesto!’ exclamó Alarcón Herrera ante los legisladores, quienes le solicitaron adherirse a las normas de la constitución y las leyes estatales.
Durante el periodo de transición, Jacaranda Argentina Solís, primera síndica municipal, ocupó el cargo de encargada de la presidencia municipal.
Este miércoles, Solís se coordinó con la gobernadora Evelyn Salgado para ‘atender las necesidades prioritarias de nuestro querido municipio’, según publicó la gobernadora en sus redes sociales.
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En una entrevista reciente con ‘Aristegui En Vivo’, Alarcón expresó su preocupación y a la vez compromiso moral con Chilpancingo, a pesar del temor que le genera su nueva posición.
Alcaldía de Chilpancingo con máxima seguridad
Después del asesinato de Alejandro Arcos Catalán, del PRD-PAN-PRI, se intensificaron las medidas de seguridad para proteger al alcalde suplente.
Adicionalmente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció que desde el 7 de octubre, se desplegaron 280 efectivos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en Chilpancingo para reforzar la seguridad y combatir la delincuencia organizada.
‘(…) el 7 de octubre del presente año, fueron desplegados 280 integrantes del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en el municipio de Chilpancingo, Guerrero, con el fin de reforzar el actual despliegue operativo que mantiene el personal militar en esta entidad federativa e inhibir las actividades de la delincuencia organizada.’, comunicó la Sedena.
Hasta el 10 de octubre, la misión de estos efectivos es colaborar con las autoridades locales y ‘disminuir los índices delictivos mediante acciones conjuntas que permitan contribuir a la preservación del orden y la paz pública.’, aseguró la Sedena.
Destaca que sus operaciones de disuasión, prevención, patrullajes y reconocimientos se realizan respetando los derechos humanos y adheridos a la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza.