Para la diputada Vanessa Caratachea sería muy grave si no se notifica a los diputados sobre los mandatos judiciales para suspender el proceso de reforma al Poder Judicial en Michoacán
Morelia, Michoacán.- Sería muy grave si no se notifica a los diputados sobre los mandatos judiciales para suspender el proceso de reforma al Poder Judicial en Michoacán, recalcó la diputada panista Vanessa Caratachea Sánchez.
Cabe apuntar que el pasado 11 de octubre el juez sexto de Distrito con sede en Uruapan, René Castro Lara, emitió medidas cautelares por las que ordena al Congreso del Estado suspender el proceso de reforma al Poder Judicial, y aunque a la presidencia de la Mesa Directiva se le notificó al respecto, no se ha informado a los diputados acerca de ese mandato.
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Desde la perspectiva de la diputada panista no debe haber desacato a lo mandatado por un juez, “sobre todo un Congreso que se supone debe cuidar la legalidad, entonces no tendríamos que entrarle al tema, y sí así sucede, nosotros de la bancada estaremos presentando las líneas jurídicas correspondientes.
“A nosotros como legisladores no nos han notificado”, señaló Vanessa Caratachea
-¿Qué tan grave sería que la presidencia de la Mesa Directiva estuviera ocultando el tema de las resoluciones judiciales, cuando no acatarlas sería para ustedes motivo de responsabilidad legal?
“Sería muy grave, sería importante platicarlo con el presidente de la Mesa para que se nos diga por qué no se nos había notificado a nosotros.”
En cuanto a la discusión y aprobación que habrá de darse mañana jueves para la aprobación de la reforma al Poder Judicial en Michoacán, la panista apuntó que su bancada se posicionará en contra, por considerar que se carece de elementos sustanciales para garantizar la independencia del Poder Judicial.
“Nosotros creemos que debe haber independencia de poderes, vamos a subir en contra por varios puntos y sin duda, mañana se pondrá álgido el asunto en el Congreso.”
Refirió que al Poder Judicial no se le escuchó en las observaciones que realizó, y subrayó que se trata de una reforma a modo para que el Ejecutivo controle además de al Legislativo –como ahora con la mayoría oficialista-, también al Judicial, sin la posibilidad de que existan los contrapesos necesarios.