A una semana de la toma de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), la autoridad estatal no descarta aplicar la ley, que para el caso podría tratarse del desalojo de los manifestantes, toda vez que el diálogo no ha rendido frutos, opinó el secretaria de Gobierno, Adrián López Solís.
Cuestionado sobre el asunto, el funcionario estatal comentó, “es una dependencia que debe estar abierta y que no se justifica que 15 personas por la afectación de sus intereses particulares se afecten al interés general de una función”.
E insistió, “ya no es posible que 15 personas estén deteniendo el funcionamiento de una dependencia tan importante que imparte justicia laboral”.
A pesar de que el propio presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ha reconocido la necesidad de que se reinstale al personal cesado, López Solí comentó, “que lo resuelva y que administrativamente les garantice a estas personas que pueden desempeñar su labor. Lo que sucede es que la operativisación de la decisión de disminuir contratos eventuales, hay un proceso de revisión para cumplir con la meta de los porcentajes que se pretenden ahorrar o evitar cargarlos a la economía del estado, pero bueno, esto ya es suficiente no”.
Además, aseguró que los inconformes son personas que no tienen relación con la autoridad estatal y que, a título personal, se han sumado a la toma de la institución.
“Hemos sido prudentes, el propio titular de la junta ha estado dialogando con personas que en este momento no tienen una relación laboral con el gobierno, son ciudadanos a título particular que están obstaculizando la función de la junta. Se le ha pedido al propio presidente de la junta, que agote su tiempo de diálogo, porque lo que sigue es aplicar la ley”, mencionó.
Explicó que el titular de la JLCA deberá buscar la gestión de recursos y justificar la labor de los cesados laboralmente, a efecto de que puedan ser reinstalados en su trabajo.