Recordó que, en la glosa al Primer Informe del titular del Ejecutivo Estatal, la Comisión detectó múltiples inconsistencias en las políticas y acciones instrumentadas hasta el momento en torno a la familia.
La actual administración del Gobierno del Estado ha venido instrumentando acciones asiladas con relación a las Familias sin efectos integrales entre la población, recalcó la diputada Mónica Valdez Pulido, integrante de la Comisión para el Desarrollo Integral de la Familia, de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
La diputada perredista integrante de la Representación Parlamentaria recordó que, en la glosa al Primer Informe del titular del Ejecutivo Estatal, la Comisión detectó múltiples inconsistencias en las políticas y acciones instrumentadas hasta el momento en torno a la familia.
“Las acciones no constituyen políticas públicas que de manera sustantiva estén encaminadas a mejorar el desarrollo de la familia, de manera integral, en cuanto núcleo fundamental de la sociedad”.
La legisladora por el Distrito de Zacapu destacó que en el Primer Informe de Gobierno no se encontró que las acciones reportadas por el Ejecutivo se hubiesen concebido bajo la perspectiva de familia, lo cual implicaría una serie de acciones traducidas en una política pública, transversales, bajo un enfoque que considera que las estructuras y dinámicas de funcionamiento de las familias son fundamentales para el desarrollo y el bienestar de los individuos y de la sociedad.
“Lamentablemente nos encontramos con que las acciones son aisladas, si bien, tuvieron un impacto determinado en un número determinado de familias, estas no tienen un efecto integral, ya que beneficiaron de manera directa a uno solo de los integrantes de la familia y con una visión de tipo asistencial”.
Mónica Valdez expresó que frente a tal situación es que a propuesta de la Comisión el Pleno Legislativo, determinó exhortar al Titular del Poder Ejecutivo para que gestione políticas públicas con perspectiva de familia, que orienten la acción del gobierno, del sector privado y de la sociedad civil a impulsar el fortalecimiento familiar en todos los ámbitos de la vida pública y que se traduzcan en beneficios directos y sustantivos en favor de un mayor número de familias y de manera especial de las que se encuentran en una situación vulnerable.
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