Barreras jurídicas, políticas y culturales que enfrentarán las mujeres para llegar a tener una gobernadora para Michoacán, en 2027
Morelia, Michoacán.- A pesar de los avances en materia de paridad de género, la posibilidad de que una mujer llegue a ser gobernadora en Michoacán en 2027 sigue dependiendo de factores que van más allá de la normativa electoral. Las reglas han cambiado, pero los partidos políticos y la estructura de poder aún imponen barreras que dificultan su acceso real a los espacios de decisión.
Si bien la legislación ha evolucionado y hay antecedentes de sentencias y acuerdos del Instituto Nacional Electoral (INE) que han incrementado la presencia de mujeres en gubernaturas, el proceso político sigue controlado por liderazgos masculinos que priorizan la permanencia de sus propios grupos en el poder.
En este contexto, la inclusión de mujeres en las candidaturas no siempre se traduce en una transformación sustantiva de la política, ya que en muchos casos se les impone un margen de acción limitado.
Las reglas de la paridad y su impacto en 2027
Para Luisa María Calderón Hinojosa, excandidata a la gubernatura por el PAN, el criterio de alternancia de género en las candidaturas dependerá de la interpretación que hagan las autoridades electorales.
Según las reglas actuales, los partidos que postularon a un hombre en la elección anterior deberían nominar a una mujer, salvo que se determine que la obligación de paridad debe aplicarse en todas las gubernaturas.
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Desde su experiencia en elecciones pasadas, Cocoa Calderón advierte que los partidos han limitado la posibilidad de que las mujeres sean candidatas en distritos y municipios donde hay una mayor competitividad, lo que ha restringido su acceso a posiciones de poder real.
Además, resalta que los liderazgos masculinos han utilizado las negociaciones políticas a su favor, dejando a las mujeres fuera de las principales decisiones.
Desde una perspectiva más técnica, la exconsejera electoral Viridiana Villaseñor Aguirre destaca que los acuerdos del INE y las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han sido clave para incrementar el número de gobernadoras en el país.
En 2020, sólo siete mujeres habían ocupado una gubernatura en la historia de México, mientras que hoy el número asciende a trece, gracias a las disposiciones que obligan a los partidos a postular candidatas en al menos la mitad de los estados en juego.
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Para Michoacán, la clave estará en si el Congreso local regula la paridad en la gubernatura antes del proceso electoral. Si no lo hace, será el INE quien imponga criterios que obliguen a los partidos a postular mujeres en la mayoría de los casos.
Villaseñor Aguirre considera que las condiciones normativas están dadas, pero advierte que aún falta garantizar que las candidaturas femeninas tengan acceso equitativo a financiamiento y espacios en medios de comunicación.
Candidaturas de mujeres: ¿simulación o avance real?
Para la exdiputada del PT y activista feminista Gabriela Cázares Blanco, la paridad de género no es garantía de igualdad sustantiva. Aunque hay más mujeres en cargos de elección popular, muchas veces su llegada responde a decisiones estratégicas de los partidos, más que a un compromiso real con la equidad.
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Advierte que en muchos casos las candidatas femeninas son elegidas por su cercanía con liderazgos masculinos y no por su trayectoria o capacidad.
Desde su perspectiva, el mayor reto es que las mujeres que lleguen al poder lo hagan con autonomía y compromiso con la igualdad de género, en lugar de reproducir prácticas patriarcales dentro del sistema político.
Señala que las estrategias para evadir la paridad aún persisten, ya sea postulando mujeres en distritos perdedores o debilitando su margen de acción una vez que llegan al cargo.
Araceli Gutiérrez Cortés, catedrática y exconsejera electoral, coincide en que la regulación de la paridad en la gubernatura será un tema central en 2027. Aunque el INE podría obligar a la mayoría de los partidos a postular mujeres, las fuerzas políticas han posicionado principalmente a hombres, lo que genera una desventaja para las posibles candidatas.
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Si las postulaciones se dan por imposición y no como resultado de una estrategia de posicionamiento previa, las mujeres podrían llegar a la contienda en desventaja frente a candidatos masculinos con años de construcción política.
Además, advierte que, de no haber una regulación clara en el Congreso de Michoacán, el tema terminará en tribunales, donde se definirá si la alternancia de género debe aplicarse en 2027 o si los partidos pueden seguir postulando hombres sin restricciones.
Lo que parece evidente es que el escenario político sigue sin favorecer la inclusión de mujeres en puestos de alto nivel.
El factor económico: una barrera determinante
Más allá de las reglas electorales, Ana Lilia Guillén Quiróz, exdiputada federal y una de las líderes de la disidencia en Morena en Michoacán, advierte que el acceso a una candidatura en Michoacán depende en gran medida de la capacidad económica de la aspirante.
En su partido, asegura, las candidaturas no solo se ganan con trayectoria política, sino con recursos financieros que permitan costear tanto la precampaña como la campaña.
Según Guillén, en Morena se ha normalizado que las candidatas deban responder a compromisos con quienes manejan el poder interno.
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Esto implica que, en muchos casos, las mujeres que logran postularse terminan supeditadas a intereses de grupo, lo que les resta autonomía en el ejercicio de sus cargos.
Además, cuestiona el uso de encuestas para la selección de candidaturas, pues considera que son manipuladas por los liderazgos que controlan el proceso interno.
Otro punto que resalta es que, en muchos casos, la paridad de género se usa como un mecanismo para perpetuar los mismos grupos de poder.
En lugar de abrir espacios a nuevos liderazgos femeninos, se elige a mujeres cercanas a los liderazgos masculinos, lo que mantiene intacta la estructura política tradicional.
El reto de la representación real
Si bien las condiciones normativas han mejorado para las mujeres en la política, los obstáculos estructurales siguen limitando su acceso efectivo a los espacios de poder.
La posibilidad de que Michoacán tenga una gobernadora en 2027 dependerá no solo de las reglas de paridad, sino de la disposición real de los partidos para impulsar perfiles femeninos competitivos y con independencia política.
El Congreso de Michoacán aún no ha discutido la posibilidad de establecer la alternancia de género en la gubernatura, lo que deja abierta la posibilidad de que el INE imponga criterios que obliguen a los partidos a postular mujeres. Sin embargo, la decisión final podría derivar en litigios ante los tribunales, lo que agregaría una capa de incertidumbre al proceso.
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Lo cierto es que, más allá de la obligatoriedad legal, el camino para que una mujer gobierne Michoacán aún enfrenta barreras políticas, económicas y sociales que siguen favoreciendo a los liderazgos masculinos en la toma de decisiones.
En este contexto, la lucha no sólo es por la paridad en candidaturas, sino por una verdadera igualdad en el ejercicio del poder, donde las mujeres puedan gobernar con autonomía y sin ataduras a los intereses de los grupos que históricamente han controlado la política estatal.
Encabezan hombres en Michoacán 82.9% de los gobiernos municipales
A pesar de que la paridad de género ha avanzado en términos de postulación de candidatas, la violencia política en razón de género aún es un obstáculo en el acceso y ejercicio del poder de las mujeres en Michoacán.
En el proceso electoral del pasado 2 de junio de 2024, quedó en evidencia que, aunque las mujeres representaron el 51.8 por ciento de las candidaturas a presidencias municipales, sólo el 17.1 por ciento lograron ganar la elección, mientras que los hombres obtuvieron el 82.9 por ciento de los cargos.
Candidaturas a presidencias municipales: 51.8 por ciento para mujeres, 47.8 para hombres y 0.3 por ciento a personas no binarias. Sin embargo, de los 111 ayuntamientos en disputa, sólo 19 fueron ganados por mujeres, 17.1 por ciento, mientras que los hombres ganaron 92 municipios, 82.9 por ciento.
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Candidaturas a sindicaturas: 52.7 por ciento mujeres y 47.3 7 por ciento hombres. A pesar de esta ligera mayoría en las postulaciones femeninas, en la elección final predominó la presencia masculina en los cargos.
Candidaturas a regidurías: De las 196 candidaturas indígenas registradas para regidurías, 113 fueron mujeres, 54 propietarias y 59 suplentes, mientras que 83 fueron hombres, 44 propietarios y 39 suplentes.
Estos datos reflejan que la equidad en postulaciones no se traduce automáticamente en equidad en los resultados electorales.
Violencia política de género: una barrera en el ejercicio del poder
Las mujeres que logran acceder a cargos públicos enfrentan violencia política en diversas formas, que no siempre se denuncian:
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE), las formas más frecuentes de violencia incluyen campañas de desprestigio y acoso en redes sociales, muchas veces con contenido misógino o basado en estereotipos de género.
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Obstrucción en la toma de decisiones, que las excluyen de los espacios clave en los gobiernos municipales. Amenazas y hostigamiento con el objetivo de forzarlas a renunciar o debilitar su gestión.
Mecanismos de protección y retos pendientes
El Instituto Electoral de Michoacán ha establecido mecanismos para denunciar la violencia política en razón de género, sin embargo, los procesos largos y la falta de sanciones efectivas desincentivan la denuncia. Las autoridades han señalado que es necesario:
Endurecer las sanciones contra quienes cometan violencia política, fortalecer la capacitación en partidos políticos y gobiernos municipales para garantizar un ejercicio del poder sin discriminación. Acompañar a las mujeres electas con redes de apoyo efectivas que les permitan desempeñar sus funciones sin miedo a represalias.
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Si bien las acciones afirmativas han logrado equilibrar la postulación de mujeres en los procesos electorales, la violencia política sigue siendo una barrera para su acceso efectivo al poder.
Las propias autoridades han reconocido que los canales de denuncia y la exigencia de pruebas no son seguros y no son adecuados, respectivamente.
La democracia en Michoacán tiene una deuda pendiente con la equidad de género, y garantizar que las mujeres puedan ejercer sus cargos sin violencia no es solo un asunto de derechos, sino un requisito fundamental para un sistema democrático verdaderamente incluyente.