Con el proyecto avalado se establece que el derecho a la información prevalecerá sobre el derecho a la intimidad
Ciudad de México.- Los funcionarios públicos no podrán bloquear en sus cuentas de redes sociales a periodistas ni ciudadanos en general, pues constituye una restricción indebida al derecho de acceso a la información.
A dicha conclusión llegó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras analizar el caso del periodista Miguel Ángel Carmona, quien se inconformó porque el fiscal General de Veracruz Jorge Winckler Ortiz lo bloqueó de su cuenta de Twitter.
Por unanimidad, la corte ordenó al funcionario desbloquear la cuenta pues consideró que el bloqueo constituye un acto de autoridad que implica una restricción indebida al derecho de acceso a la información del comunicador.
Al resolver el amparo en revisión 1005/2018, la sala del alto tribunal observó que los contenidos compartidos en la cuenta del fiscal en la red social tienen relevancia pública y es información de interés general.
La resolución no determina que el derecho a la privacidad de los servidores públicos deba ser limitado en todos los casos, pues existe un contenido mínimo de ese derecho que debe ser respetado, precisa la resolución de la SCJN.
No obstante, en el caso particular, el fiscal no expresó razones suficientes para considerar que su cuenta de Twitter pueda ser calificada como privada, ni mucho menos que la información ahí contenida sea de carácter reservado, cuya difusión vulnere su derecho a la privacidad, ni que haya encontrado algún comportamiento abusivo del periodista, añade el fallo.
La orden de desbloquear al periodista no es una medida desproporcional que afecte injustificadamente el derecho a la privacidad del servidor público, toda vez que éste posee un umbral de protección menos extenso que el de las personas privadas.
La corte recordó que fue el propio Fiscal quien voluntariamente utilizó su cuenta como medio de difusión para compartir, entre otros, información relacionada con su gestión como fiscal y con ello colocó a su cuenta de Twitter en una posición de mayor escrutinio público.
Además, el fiscal no acreditó la necesidad de resguardar la información difundida en su cuenta de Twitter de la injerencia de la sociedad.
Tras conocer el lallo, el fiscal veracurzano aseguró que acatará decisión y reconoció la labor de la organización Artículo 19, por su defensa a la libertad de expresión.