La iniciativa del Frente Violeta plantea reformar la Ley de Salud del estado y la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres
Morelia, Michoacán.- El Frente Violeta, integrado por las colectivas Incendiarias, ELLAS, Hijas de la Brocha, Defensoras Digitales Michoacán y Themis, presentaron este lunes ante el Congreso del Estado de Michoacán una iniciativa para que las instituciones públicas garanticen que a las mujeres que así lo deseen puedan abortar durante las 12 primeras semanas de gestación.
Cabe apuntar que el pasado diez de octubre, por mayoría el Pleno del Congreso reformó el Código Penal para despenalizar el aborto durante las 12 primeras semanas de gestación, determinación publicada al día siguiente en el Periódico Oficial del Estado, que entró en vigor a partir del día 12.
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Al respecto, Maricela Montero apuntó que la despenalización lo único que hace es que no criminaliza a la mujer que decide interrumpir un embarazo durante las 12 primeras semanas de embarazo:
“Es decir, no la persigue ni la castiga criminalmente como estaba haciéndose, sin embargo no garantiza que las mujeres ejerzan su derecho a interrumpir un embarazo que es la importancia grande.”
Iniciativa del Frente Violeta
La iniciativa del Frente entregada la tarde de este lunes a la presidencia del Congreso, plantea reformar tres artículos de la Ley de Salud del estado y adicionarle un título octavo con tres artículos; además propone reformas a dos artículos de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el estado.
Esta no es la primera propuesta que presenta este grupo de colectivas, anteriormente en pasadas Legislatura promovieron un par que se quedaron en el tintero, sin dictaminarse.
“Esta sería la tercera y presentada por primera vez por el Frente Violeta, sin embargo estamos enteradas de que hay otras colectivas que traen un trabajo muy fuerte, muy importante, súper significativo y responsable, que han presentaron otra iniciativa a través de la diputada Gabriela Cázares (en la pasada Legislatura), trabajada con varias colectivas feministas que hicieron un trabajo muy importante para la legalización, y sabemos que hay otras más”, recuerda Maricela Montero.
Yael Cornejo apuntó a su vez que el haber realizado sólo la reforma al Código Penal es una medida incompleta, que deja a las mujeres que decidan abortar en incertidumbre jurídica, pues el Estado debe garantizar que ellas puedan abortar de manera segura, gratuita y eficiente.
En la exposición de motivos de la iniciativa el Frente Violeta refiere que existe la necesidad de subsanar el vacío legal:
“Que deja en estado de vulnerabilidad a las mujeres, en especial a las que se encuentran en mayor grado de precarización económica y vulnerabilidad y armonizar la legislación michoacana de manera tal que el interrumpir un embarazo no sea un derecho inaccesible o inseguro para las mujeres y que pueda ser garantizado por el Estado para todas.”
Justicia sexual y reproductiva
Ahí recalcan que la atención integral de un aborto y un post aborto, no es sólo cuestión de salud pública, sino de justicia sexual y reproductiva, y consignan que cada año se estima se realizan 22 millones de abortos en forma insegura, lo que produce la muerte de alrededor de 47 mil mujeres. Además, refieren que de alrededor de cinco millones de mujeres sufren incapacidades como resultado de las complicaciones de un aborto inseguro.
“Casi cada una de estas muertes y discapacidades podría haberse evitado a través de la educación sexual, la planificación familiar y el acceso al aborto inducido en forma legal y sin riesgos, y a la atención de las complicaciones del aborto.”
En ese sentido subrayan que la despenalización del aborto no produce ningún efecto sobre la voluntad o necesidad de una mujer de tener uno:
“La probabilidad de que una mujer se someta a un aborto por un embarazo no deseado es prácticamente la misma, sin embargo la falta de estructura sanitaria legal sí afecta dramáticamente su acceso a un aborto sin riesgos.
Los abortos que cumplen con los requisitos de seguridad se convierten en el privilegio de los ricos, mientras que las mujeres de escasos recursos no tienen otra opción que acudir a profesionales no seguros, que provocan discapacidades y la muerte.”
En ese sentido, subrayan que garantizar a las mujeres la posibilidad de ejercer su derecho a la libertad reproductiva, implica la obligación del Estado a facilitar jurídica y materialmente la estructura sanitaria para brindar el servicio médico para una interrupción voluntaria del embarazo y reducir considerablemente el riesgo de abortos inseguros y, por ende, muertes maternas por aborto.