Por: Marx Aguirre Ochoa
La igualdad de género es indispensable para alcanzar el desarrollo económico, social y humano de cualquier país. Por cuestiones biológicas, históricas y culturales, la sociedad ha atribuido determinados roles a mujeres y hombres, lo cual ha traído un detrimento en las condiciones de bienestar y de desarrollo de las mujeres. En una sociedad democrática el Estado debe garantizar la igualdad de derechos económicos, sociales, políticos y culturales a todos sus miembros. Un primer paso hacia este objetivo es el reconocimiento de las diferencias y la identificación de los aspectos en donde la desigualdad toma más fuerza.
La generación de indicadores con una perspectiva de género resulta indispensable para realizar análisis más certeros que concluyan en el diseño de políticas, programas y proyectos mejor focalizados que promuevan la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres para generar un diagnóstico de las fortalezas y debilidades hacia la construcción de una sociedad más igualitaria.
En este contexto, conviene analizar los “Indicadores de Desarrollo Humano y mercado laboral de mujeres y Hombres” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD), documento donde se presentan los principales resultados derivados del análisis de una serie de indicadores por sexo desagregados a nivel municipal y estatal.
El IDH es un indicador que el PNUD ha difundido como una medición del grado de libertad a la que tienen acceso las personas para la expansión de sus capacidades. El IDH consta de tres dimensiones: salud, educación e ingreso. Hasta hace muy poco, en México sólo se tenían -sin distinción por sexo- estimaciones de este índice a nivel municipal para los años 2000 y 2005. Esto debido a que no existen datos oficiales sobre el ingreso promedio municipal y la tasa de mortalidad infantil municipal por sexo; ambos indicadores son determinantes para el cálculo de los componentes de ingreso y salud del IDH en los municipios del país.
Uno de los indicadores del mercado laboral de gran interés es el que remite a la competitividad social, la cual hace referencia a la capacidad de una sociedad para generar un bienestar continuo requerido por sus miembros en el ámbito laboral. El bienestar se concibe como la expansión de las oportunidades para vivir aquellos estados y experiencias que las personas valoran. En la generación de ese bienestar se considera determinante lo que ocurre en el mercado laboral. En este sentido, el índice de competitividad social (ICS) incorpora cinco dimensiones: trabajo infantil, jornada laboral, acceso a servicios de salud, formalidad en el empleo y pobreza salarial.
Los principales resultados de esta medición es que en la división por rangos de edad el IDH alcanza niveles de 0.79, cuando la población se encuentra entre 15 y 24 años. El IDH de la población que vive en el área rural es notablemente inferior, en ambos sexos, respecto a la población que reside en el área urbana. Además, las mujeres son las que se ubican en mayor desventaja en ambas áreas. Las mujeres que residen en zonas rurales alcanzan un IDH inferior que los hombres.
El Índice de Competitividad Social, ICS, indica que las mujeres que están insertas en el mercado laboral alcanzan un mayor nivel de bienestar en las dimensiones consideradas. Sin embargo, la tasa de participación económica de las mujeres, a pesar de que se ha incrementado en la última década, se ubica en 45.4% mientras que en los hombres es de 79.5 Esto implica que 54.6% de las mujeres no gozan de los beneficios que el ICS contempla, y peor aún, se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad ya que no tienen una fuente de ingresos propia que les otorgue más independencia y autonomía.
Finalmente, las mayores diferencias en las dimensiones del IDH entre hombres y mujeres a nivel municipal se hallaron en el índice de educación y el índice de ingreso, encontrándose una mayor desigualdad de género en los municipios con menores niveles de desarrollo humano, con un detrimento en las mujeres.
Las mujeres que participan en el mercado laboral generalmente tienen dobles jornadas de trabajo, ya que el número de horas que dedican a las labores domésticas es mayor que los hombres (carga global de trabajo para mujeres, 58.3 horas; y hombres, 49.8 horas a la semana). El trabajo doméstico es un trabajo no remunerado, lo que sitúa a las mujeres en menores posibilidades de generación de bienestar.
Por otro lado, deben considerarse las desigualdades existentes entre municipios y entidades federativas por sexo, y al interior de cada grupo, para que el diseño y focalización de las políticas públicas tengan un mayor impacto. En muchas ocasiones las desigualdades tienen su origen en las diferencias culturales, económicas, políticas y sociales que prevalecen en los distintos contextos sociales, por lo que estos aspectos no deben dejarse a un lado.
Es indispensable fomentar la transversalización de género para que el análisis de desigualdad se lleve a cabo de forma más completa. Además de la generación de indicadores divididos por sexo en temas relacionados con el uso del tiempo, la mortalidad infantil, el ingreso individual, el empoderamiento, el poder de decisión, entre otros, que pueden dar luz acerca de la condición de mujeres y hombres, y de los ámbitos que requieren mayor atención para lograr una sociedad más justa y equitativa.