El gobernador aseguró que ya habló con el fiscal estatal para que se desista y excuse del caso Arantepacua
Morelia, Michoacán.- “He hablado con el fiscal para que se desista y se excuse de la investigación por haber desempeñado el cargo de secretario de Gobierno de Silvano Aureoles”.
Así lo expuso el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, tras recordar que el actual fiscal, Adrián López Solís, fungía como secretario de Gobierno, cuando se perpetró la intervención de elementos de seguridad en aquella comunidad.
En ese tenor, el gobernador señaló que su administración está lista para ofrecer una disculpa pública a la comunidad de Arantepacua, que pertenece al municipio de Nahuatzen, por los hechos del 5 de abril de 2017, cuando 4 personas fueron asesinados y hubo cientos de heridos.
“Estamos listos para la disculpa pública que tenemos que dar como Gobierno. No ocurrió en nuestro gobierno pero nos corresponde emitir las disculpas públicas a la comunidad, a las personas afectadas de manera directa e indirecta y trabajamos también para resarcir el daño y la violencia”.
Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán
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Bedolla recordó que son 4 los compromisos que se tienen con la comunidad de Arantepacua, como parte del plan para resarcir el daño ocasionado aquel 5 de abril:
1-Establecer una unidad Deportiva
2-Instalar una universidad, será un campus de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán
3-Un taller de carpintería a través del ICATMI
4-Una clínica-hospital para atención en materia de salud
“Ellos han pedido que cada una de estas obras lleve el nombre de las personas que perdieron la vida por la represión que se dio en ese lugar”.
Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán
Para contexto de nuestros lectores la represión se dio luego de que comuneros de Arantepacua, bloquearan la vialidad por un conflicto de tierras con la localidad indígena de Capacuaro, razón por la cual elementos de seguridad se introdujeron en Arantepacua. La Secretaría de Seguridad Pública, estaba a cargo de Juan Bernardo Corona Martínez y del subsecretario, Carlos Gómez Arrieta.
De acuerdo a los números que los comuneros manejan fueron 4 ejecuciones extrajudiciales, 10 casos de tortura, 38 casos de tratos crueles e inhumanos, 48 detenciones arbitrarias y más de mil víctimas. Mismos que sustentan en una recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.