Le vamos a poner una palomita a la SCJN. Por fin coincide el criterio de una mayoría de ministros del alto tribunal con las demandas de una sociedad cansada de financiar una democracia muy cara.
Los citados ministros validaron ayer la Reforma #SinVotoNoHayDinero (o Ley Kumamoto), que reduce los recursos públicos a los partidos políticos en las elecciones locales.
La votación —7 a 4— constituye un revés para Morena, el Partido Verde y Nueva Alianza, que promovieron juicios de acciones de inconstitucionalidad en contra de esa Ley que les baja la lana en Jalisco.
Es un revés, también, para el ministro Jorge Pardo, quien proponía declarar inconstitucional la Reforma Electoral de ese estado.
Argumenta que el modelo que se plasmó en la Constitución de Jalisco: “No resulta equitativo con lo previsto para los partidos políticos locales ni se armoniza con lo estipulado en la Ley General de Partidos Políticos”.
La Ley #SinVotoNoHayDinero establece que los partidos reciban un financiamiento de acuerdo con el número de votos registrados en los comicios, y no derivado de las personas registradas en el padrón.
Un criterio más justo y menos caro, aunque, como dice la exsenadora independiente Martha Tagle, “falta revisar el modelo de financiamiento, más que la fórmula, pero algo es algo…”.
- Por ahora, la Ley Kumamoto sólo se aplicará en Jalisco, pero no hay duda de que es un primer paso para que sea plasmada en la Constitución federal.
Fue bautizada así porque la promovió en el Congreso de Jalisco, donde el MC es mayoría, el diputado independiente Pedro Kumamoto.
El legislador ya trajo la iniciativa en febrero pasado a San Lázaro. Su validación en la Suprema Corte ejercerá presión para que los diputados federales la saquen de la congeladora.
Pero no va a ser fácil que cedan si la ciudadanía no empuja.
- El dinero que se gastan los partidos políticos es una barbaridad. Parte de esos recursos bien podrían servir para extender la cobija a los más vulnerables
Y es que PRI, PAN, PRD, Morena, PVEM, MC, Nueva Alianza, Encuentro Social y PT recibirán este año, en conjunto, seis mil 778 millones de pesos.
Peor, el INE solicitó más de 25 mil millones de pesos en las elecciones federales del 2018. Es el financiamiento más alto de la historia, reconoció Lorenzo Córdova, presidente consejero del INE.
Córdova argumenta que ese nivel de financiamiento es un escudo contra el dinero privado o ilegal en las campañas.
¿Será que de veras no hay dinero sucio o privado en los procesos electorales? Es pregunta.
En la SCJN, la mayoría de los ministros consideró que la Constitución federal delega en los estados la facultad para regular el financiamiento a los partidos nacionales en elecciones locales. Pero, también, que la Ley Kumamoto no genera inequidad entre los partidos nacionales y locales.
Para ponerlo en boca del ministro José Ramón Cossío:
“No advierto una distorsión que toque el punto de la equidad de los partidos políticos”.
- Se agrava el pleito entre Ricardo Anaya y El Universal.
Dice el periódico que el jefe panista se benefició de una expropiación de un terreno industrial ocurrida en 1997.
Agrega que su familia política y él compraron un lote en ese terreno en 10.5 millones de pesos en el 2014.
Entonces, el PAN no era gobierno en Querétaro. Dos años después vendieron esa propiedad en 53.7 millones de pesos, después de haber construido una nave industrial, según el cotidiano. El llamado Joven Maravilla replicó en mensaje difundido en redes sociales:
“En esas fechas yo tenía 17 años. Iba en preparatoria. No militaba en ningún partido político ni mucho menos trabajaba en el gobierno.
“Ese terreno industrial lo compré en 2014 (17 años después) a 66 dólares el metro cuadrado (precio de mercado) y no se lo compré al gobierno, se lo compré a una empresa de accionistas estadunidenses llamada Park Developments”.
Anaya prometió demostrar que el gobierno federal es el que está detrás de lo que llamó “campaña de desprestigio”, y adelantó que el miércoles presentará una demanda contra el citado diario por difamación.
- Otro pleito que sube de tono es el que se traen el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez. Otra vez, la lana en el centro de las acusaciones.
El mandatario estatal del PRD dice que la Universidad Autónoma de Morelos enfrenta una crisis financiera que puede derivar en huelga, por el dudoso manejo que el rector hace de los recursos públicos destinados a la casa de estudios.
Su equipo promovió, también, una nota periodística en la que dice que la esposa de Vera se compró una residencia exclusiva en la zona conocida como Paraíso Country Club, en el municipio Emiliano Zapata. Pagó, dice la nota, seis millones 400 mil pesos.
Vera respondió con un video en el que denuncia que, al día de ayer, los universitarios morelenses no han devengado los salarios que les deben como académicos, administrativos o de confianza ni se han pagado las jubilaciones.
“Esto se debe a que Graco Ramírez ha retenido, en forma arbitraria e inhumana, desde hace más de un mes, los recursos federales y que corresponden a los universitarios.
“Desde el gobierno del estado se ha desplegado una campaña de mentiras que han hecho suya algunos medios de comunicación y personas interesadas en desestabilidad. Es falso, somos un referente en materia de transparencia”.
A Vera le han practicado, nada más, 14 auditorías por parte de la Auditoría Externa, el Estado y la Federación.
“No he sido sujeto de sanciones por parte de una autoridad competente…”, presume.
¿Qué le parece? Política de “alto nivel”. ¿No?