El exsecretario de Finanzas de Michoacán, Luis Miranda, durante el Gobierno de Fausto Vallejo, obtiene su libertad tras resolución del juez por peculado
Morelia, Michoacán.- Luis Miranda Contreras, exsecretario de Finanzas y Administración de Michoacán, durante el gobierno de Fausto Vallejo Figueroa, está a punto de recuperar su libertad tras pagar una fianza de 53 millones de pesos. Esta medida se toma después de que se le imputara el delito de peculado por un monto de 26 millones 680 mil pesos.
La detención de Miranda ocurrió el pasado 20 de octubre, cuando fue arrestado por su presunta participación en este delito. Recientemente, un juez de control decidió resolver el auto de formal prisión contra él, al considerar que había suficientes elementos para iniciar el proceso penal.
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Apenas ayer el juez de control había determinado resolver el auto de formal prisión contra el exfuncionario, tras considerar que hubo elementos para iniciar el proceso penal en su contra por su presunta responsabilidad en el delito peculado.
A través denuncia comunicación, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), reveló que:
“de acuerdo con elementos que integran la Averiguación Previa, durante el periodo que comprende del 1 de marzo al 31 de agosto de 2012, Luis M. presuntamente efectuó pagos a dos proveedores por 26 millones 680 mil pesos; una vez que se llevaron a cabo las indagatorias, se detectó que no se cumplió con los servicios contratados”.
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Y añadió, “durante las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada se estableció en el primero de los casos que el inculpado habría realizado un pago por 15 millones 80 mil pesos a un proveedor por concepto de servicio de asesoría contable y gestión administrativa y financiera.
Asimismo, se detectó la ejecución de otro pago por 11 millones 600 mil pesos a un segundo proveedor por el mismo concepto descrito anteriormente; sin embargo, en ambos casos se corroboró que no se recibieron los servicios para lo cual fueron contratados los proveedores y sí se realizaron los pagos en detrimento del Gobierno del Estado”.