Al menos 150 ex funcionario han sido inhabilitados por la Secretaría de la Contraloría del gobierno del estado, y otros 200 enfrentan procesos por supuestos desvíos de recursos o subejercicios, entre los que se encuentran secretarios de Estado de las administraciones gubernamentales desde el 2014 hasta la fecha, e incluso contralores, reveló la titular del área, Silvia Estrada Esquivel.
En entrevista, Estrada Esquivel detalló, “de la anterior administración recibimos procesos que solamente nos ha tocado a nosotros notificar, en ese sentido si estamos hablando de alrededor de más de 150 inhabilitaciones, pero también recuerden que los compañeros están en su derecho de apelar en una instancia competente, en este caso es el Tribunal Fiscal”.
Y añadió, “ahorita estamos entre más de 200 procedimientos que estamos en proceso de investigación y en el derecho de que ex funcionarios o funcionarios puedan alegar lo que en su defensa les corresponde”.
La secretaria de la Contraloría detalló que entre los investigados se encuentran exfuncionarios de primer orden, e incluso contralores que ejercieron de forma irregular recursos federales, aunque por derecho de presunción de inocencia, se reservó los nombres.
Al respecto, comentó, “sí hay varios exfuncionarios de primer nivel de toda índole que están sujetos a procedimientos”, y aclaró, “tenemos ex contralores, pero son por procedimientos federales”.
Incluso detalló que los ex gobernadores que se han deslindado de las irregularidades de las que han sido culpados en declaraciones mediáticas por actores políticos, Estrada Esquivel respondió, “siendo funcionarios públicos del nivel que se trate de quién se trate todos tenemos responsabilidad ninguno está exento de estar en proceso”.
No obstante, detalló que los procesos de desarrollo de pruebas y responsabilidades, podrían tardar entre 3 y 6 años, aunque mencionó que se busca agilizar el proceso, a fin de que no se lleven más de un año.
Concluyó que en cuanto a desvíos o subejercicios de recursos federales, se ha enterado a la federación de al menos 20 casos, a partir de los cuales, la autoridad de la república debe iniciar sus procesos de revisión.
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