Este siglo XXI mantiene la tendencia de continuar trabajando en el respeto a la dignidad humana, protegiendo los derechos humanos y las libertades. Si bien sería lo deseable que los derechos humanos se cumplieran totalmente por parte de la autoridad y sus servidores públicos, observamos que aún falta mucho por hacer y transformar, insistiendo en los valores, en las normas, en la personalidad y las conductas sociales para alcanzar modelos de convivencia y paz social.
De esta manera se requiere revisar permanentemente la situación que viven los países sobre su responsabilidad en la protección y defensa de los derechos humanos de la población. No es menor el asunto de temas tan sensibles como la protección a comunicadores y defensores de derechos humanos, así como violaciones graves a los derechos humanos y, desde luego, todo lo relacionado con grupos en situación de vulnerabilidad.
De esta manera, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) cuenta con un Mecanismo para el Examen Periódico Universal (MEPU), que tiene por objeto revisar la situación que guardan los derechos humanos en cada uno de los estados miembros de la ONU.
Por tercera ocasión el Estado mexicano presentará su informe de cumplimiento de recomendaciones ante el MEPU del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. México sustentará dicho informe en noviembre de 2018 y recibirá sus recomendaciones en la primavera de 2019.
México fue evaluado por primera ocasión en febrero de 2009; de dicha evaluación el Estado mexicano recibió 91 recomendaciones sobre quince temas. Del total de recomendaciones se aceptaron 83; cinco recomendaciones se consideraron superadas y tres fueron rechazadas.
La segunda ocasión que se evaluó el Estado mexicano fue en 2013. Derivado de dicha revisión fueron formuladas a México 176 recomendaciones que se relacionan con combate a la pobreza, procuración y administración de justicia, atención a delitos específicos, promoción y protección de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, implementación de las recomendaciones anteriores, aplicación del Estatuto de Roma, libertad de religión, mecanismo de protección de defensores y periodistas, derechos de pueblos afrodescendientes, derechos de personas con discapacidad.
México aceptó 166 recomendaciones, diez fueron aceptadas parcialmente o bien se tomó nota de ellas. Dichas recomendaciones (diez) se refirieron a la aceptación de competencias de órganos de tratados, vinculación con instrumentos internacionales, el derecho a la vida, el arraigo, la institución de la familia y el matrimonio.
Es importante señalar que por primera ocasión en 2013 de presentaron recomendaciones sobre personas con discapacidad, población LGBTTTI, personas afrodescendientes, refugiados e independencia de la CNDH y los órganos autónomos de derechos humanos.
Ahora el reto del Estado mexicano es dar seguimiento puntual a las señaladas recomendaciones con la finalidad de que en el informe que presentará en el tercer ciclo del MEPU se reflejen los avances en el cumplimiento de la protección y vigencia de los derechos humanos en el país.
En este sentido, para esta tercera evaluación la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha invitado a participar a través de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos a sus 32 integrantes, entre ellos al estado de Michoacán.
La estrategia para la preparación informe del MEPU ha considerado en esta ocasión realizar cuatro reuniones regionales (Baja California, Puebla, Guanajuato, Campeche), la primera de ellas en la ciudad de Puebla y que ya fue realizada; la segunda fue desarrollada los días 8 y 9 de febrero en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, donde participaron miembros de los organismos públicos de derechos humanos de los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Zacatecas, coordinados por autoridades de la CNDH y quienes se encargaron de revisar y proponer mecanismos y estrategias que plantean propuestas de solución a las 267 recomendaciones que fueron presentadas durante 2009 y 2013 al Estado mexicano.
El compromiso de los participantes de los órganos autónomos de derechos humanos en las reuniones regionales será coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos, a través del examen del Consejo de Derechos Humanos, al que en ejercicio de su soberanía nuestro país asumió el compromiso de someterse a un ejercicio para identificar los retos y desafíos para el cumplimiento pleno de esas prerrogativas.
Quienes asistieron convocados por la CNDH y la Federación Mexicana realizaron una revisión puntual de todas las recomendaciones dirigidas al Estado mexicano en los primeros dos ciclos del MEPU relacionadas con derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes y personas con discapacidad; derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y derechos de los pueblos indígenas; justicia, seguridad y Estado de Derecho; tortura y desaparición forzada; derechos humanos de los migrantes y desplazados y trata de personas, y libertad de expresión y defensores de derechos humanos, lo que produjo un resultado enriquecido y fortalecido con la pluralidad y diversidad de diagnósticos y recomendaciones de las comisiones estatales y de los asistentes.
El organismo público de derechos humanos de Michoacán estuvo presente con la participación del ombudsman Víctor Serrato Lozano y quien esto escribe; la participación que se registró durante las rondas para el análisis de los temas y grupos en situación de vulnerabilidad, permitieron presentar diversas propuestas relacionadas con todos los temas abordados, destaco algunos de ellos, por ser un tema que hoy en Michoacán se toca respecto a defensores de derechos humanos: reconocer el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos en el marco de la Declaración de Personas Defensoras de Derechos Humanos, continuar trabajando en la deconstrucción del modelo patriarcal para evitar la normalización y naturalización de la violencia, diseño e implementación de mecanismos de difusión y comunicación para la creación y desarrollo de conciencia social y aplicación de códigos de ética, entre otros.
Agradezco a la anfitriona, Consuelo Olvera Treviño, secretaria ejecutiva de la CNDH, así como el respaldo institucional y moral de José Raúl Montero de Alba, vicepresidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos de México y los presidentes de éstos, así como a los seis facilitadores de igual número de mesas temáticas, entre ellos a Alán García Campos, de la Unidad Jurídica y de Análisis de la OACNUDH, México. Como a mis pares, entre ellos a Mariel Salinas y Juan Carlos Páez, de la CEDH Jalisco.