El testimonio de Inara Costa Reyes lo escuché en el programa Despierta con Loret de Noticieros Televisa: “Allí en el pueblo todos corrían. Oí que decían que estaban regalando gasolina…”, narró la vecina de Tlahuelilpan.
Esa promesa de obtener combustible gratis en un municipio donde abundan las carencias fue imán para que pobladores del municipio hidalguense se abalanzaran a ese infierno, donde muchos de ellos ardieron en llamas.
El saldo de la tragedia, al cierre de esta columna, era de 91 muertos y 52 hospitalizados.
- Hay preguntas sobre la explosión que causan escozor, irritan, pero hay que hacerlas. ¿Pudo haberse evitado la tragedia? ¿Las autoridades de los tres niveles gobierno fueron omisas? ¿Los militares hicieron bien en no intervenir?
La polémica subió de tono por la pasividad de los elementos del Ejército presentes en el lugar. Prefirieron replegarse para no confrontar a los agresivos pobladores, que los superaban ampliamente en número. Eran 25 vs. cientos, según la Sedena.
Es cierto que era imposible que ese piquete de soldados contuviera a toda una población, pero aquí surge otra pregunta: ¿En las casi cuatro horas de fuga que precedieron a la explosión no hubo modo de mandar refuerzos para hacer cumplir la Ley?
AMLO dice que los soldados “actuaron bien” y conforme a protocolos que, admite, hay que revisar para mejorarlos. Fiel a sí mismo, reitera que sus adversarios quisieran aprovecharse de las circunstancias.
“Hay unos que me dan hasta pena. Fueron responsables de la crisis de México y todavía se atreven a acusar. ¿Con qué autoridad moral?”, preguntó.
- Si nos atenemos rigurosamente a la cuestión legal, no se hizo lo que mandata la norma.
El artículo 73 de la Ley General de Protección Civil dice que en caso de riesgo inminente, sin prejuicio de la emisión de una declaratoria de emergencia o desastre natural, el gobierno federal, los estados y municipios “ejecutarán las medidas de seguridad que les competen, a fin de proteger la vida de la población y sus bienes, la planta productiva y su entorno”.
Es evidente que no se hizo.
El presidente López Obrador ha reiterado que no va a utilizar a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo. Suena padre, muy apegado a los derechos humanos.
La bronca es que parece dispuesto a abdicar a una facultad que no suena tan bonita, pero que se aplica en los países más democráticos del mundo para hacer respetar la Ley y no es represión: el uso legítimo de la violencia.
Ahora mismo lo vemos en Francia.
AMLO está convertido en rehén de sus palabras.
- La CNDH, por cierto, inició una queja por “inacción” en el caso de Tlahuelilpan que no le gustó a las autoridades.
Hubo reacciones en cadena.
El organismo nacional tuvo que sacar un comunicado para precisar que no prejuzga sobre la existencia de violaciones a los derechos humanos o sobre irresponsabilidad concreta de autoridades, sino que busca conocer la verdad.
- Puebla ya tiene gobernador interino para los próximos cinco meses. No fue un cercano a la fallecida Martha Erika Alonso, como se había acordado, sino un priista que empujaron conjuntamente los morenos Yeidckol Polevnsky y Miguel Barbosa.
Se trata de Miguel Guillermo Pacheco Pulido, un octogenario de larga trayectoria en el tricolor. Presidió el Tribunal Superior de Justicia del Estado en la época del góber precioso, Mario Marín.
Es sabido que sus hijos, Javier y Guillermo, fueron “financieros” de Miguel Barbosa en la elección de julio pasado.
Pacheco Pulido trae su historia, si le hacemos caso al diario El Financiero. Apenas el pasado 20 de enero, ese diario publicó una nota en la que lo acusa de impulsar una inmobiliaria encabezada por sus hijos que no duda en utilizar documentos apócrifos para ganar contratos.
En el proceso para elegir al interino hubo “traiciones”, incluso de morenovallistas que dejaron caer al diputado Gerardo Islas, el más cercano de los tres propuestos al también fallecido senador Rafael Moreno Valle, esposo de Martha Erika Alonso.
Islas, sin embargo, difundió en redes sociales un video en el que revela que envió un mensaje a los diputados del Congreso local para sumarse a la propuesta de Pacheco Pulido.
A Jesús Rodríguez Almeida, encargado de gobierno, lo dejaron fuera los diputados por una poderosa razón. No cumple con los requisitos de residencia ni tiene la “ciudadanía poblana”.
- La siguiente es información tomada del reporte diario Signum Research, empresa independiente de análisis financiero y bursátil: “El Fondo Monetario Internacional actualizó sus Perspectivas Económicas Globales y recortó su previsión de crecimiento económico de México para 2019, de 2.5 a 2.1 por ciento; y para 2020, de 2.7 por ciento a 2.2 por ciento.
“Se basó en el menor flujo de inversión privada ante la incertidumbre por el primer año del nuevo gobierno”, puntualiza.
Las conclusiones se las dejo a usted.
- Es público que el prestigiado periodista Jenaro Villamil será presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) en la Cuarta Transformación.
Es la información que filtraron desde el gobierno federal.
La bronca es que el actual presidente del SPR, Armando Antonio Carrillo Lavat, fue nombrado por cinco años y su gestión termina hasta el mes de octubre.
Según el Artículo Sexto de la Constitución, el presidente del SPR, organismo creado por Peña Nieto, sólo podrá ser removido por una mayoría calificada de senadores, que no reúne Morena.
Ante tal perspectiva, parecería lógico que detuvieran el nombramiento hasta octubre.