La entrega de 29 narcotraficantes a EEUU refleja una medida de seguridad nacional, según indicó la FGR.
Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, declaró este viernes que los 29 narcotraficantes que fueron trasladados el jueves a Estados Unidos (EEUU) no fueron extraditados, sino entregados bajo la Ley de Seguridad Nacional, vigente desde hace más de dos décadas, tras una petición del gobierno estadounidense.
“Esta es una solicitud de seguridad nacional que justificaron los Estados Unidos en razón de las conductas criminales de esas personas en ese país, que coinciden con los procedimientos y los conocimientos que tenemos de las pruebas sobre su conducta”, explicó el funcionario en una conferencia de prensa de seguridad, acompañado por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
Fundamento del traslado
El jueves, las autoridades mexicanas entregaron a varios capos, incluidos Rafael Caro Quintero del Cártel de Guadalajara y los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales de Los Zetas, todos requeridos en Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas y otros crímenes.
Gertz Manero subrayó que la entrega se fundamentó en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional y el Artículo 89 de la Constitución, y pidió no especular sobre la posibilidad de que los detenidos enfrenten la pena de muerte, ya que “las sentencias son impuestas únicamente por los jueces”.
Resaltó un documento del Departamento de Justicia de EE.UU. que menciona la evaluación de posibles penas de muerte para al menos seis de los detenidos.
La amenaza que representaban
Por otro lado, Omar García Harfuch detalló que los capturados enfrentaban cargos por delitos de alto impacto como delincuencia organizada, tráfico de drogas, homicidio, lavado de dinero, tráfico de armas y secuestro, y que algunos habían sido requeridos por hasta 40 años.
EL DATO: En la entrega de los 29 delincuentes participaron 3 mil 512 elementos, 342 vehículos y 20 aeronaves. Los reos fueron enviados desde Santa Lucía siete a Washington; dos a White Plains, Nueva York; dos a Chicago; tres a Houston, Texas; cuatro a McKinney, Texas; dos al Aeropuerto JFK de Nueva York; seis a Phoenix, Arizona; y tres a San Antonio, Texas.
Destacó la amenaza que representaban para la seguridad tanto de México como de Estados Unidos.
Este acto de autoridad, descrito como “sin precedentes”, es resultado de una política de cero impunidad y de la coordinación del gabinete de seguridad.
La entrega de Caro Quintero y otros 28 narcotraficantes mexicanos ocurre en un contexto de presiones del gobierno de Trump, que amenazó con imponer aranceles si México no intensificaba la lucha contra el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Trump también presionó a México y Canadá para que demostraran acciones concretas en seguridad, amenazando con aranceles del 25% a partir del 4 de marzo.