De no cumplir con su respectiva declaración de conflicto de intereses para el mes de marzo, 300 funcionarios del Ayuntamiento de Morelia podrían ser inhabilitados bajo órdenes de la Contraloría Municipal.
En entrevista con este medio de comunicación, el encargado de la Contraloría Municipal, José Benadad Orozco Toledo, dijo que pese a la obligatoriedad de este proceso de transparencia, 300 funcionarios, repartidos entre jefes de departamento y mandos medios, han ignorado detallar un informe patrimonial que compruebe el crecimiento de sus bienes.
Ante la omisión mostrada por el considerable grupo de funcionarios, el contralor Municipal dio a conocer que éstos ya fueron amonestados y notificados para que en apego a las normas de transparencia que dicta el Ayuntamiento, cumplan con sus respectivas declaraciones de conflictos de interés.
De no ser así, sobre el mes de febrero se comenzarán a ejecutar descuentos salariales de hasta un mes, con la finalidad de generar presión sobre los 300 funcionarios que no han cumplido con este requisito.
Si el descuento en la nómina no es suficiente, José Benadad Orozco adelantó que el siguiente paso será inhabilitar de manera permanente a quienes no estén cumpliendo con el proceso de transparencia referido.
“Como nunca ocurría nada, la gente estaba acostumbrada a que no pasaba nada, entonces desde el momento en que nosotros empezamos a notificar, están viendo que sí se aplicarán sanciones”.
En relación a los puestos que mayor omisión han presentado al respecto, el funcionario refirió que se registra “un gran número de personal de seguridad, que por sus funciones no sabían que tenían que presentar esta declaración de conflicto de intereses”.
Además de los uniformados, Benadad Orozco puntualizó que también se encuentran jefes de departamento, quienes a pesar de ocupar cargos de mayor relevancia operativa, no han respondido a los lineamientos de transparencia que dicta el gobierno de línea independiente.
En concreto, el funcionario fue claro al detallar que de mantenerse esta omisión, los servidores públicos que no respondan a presentar su declaración podrían ser inhabilitados a partir del mes de marzo, por lo que urgió la necesidad de que los trabajadores involucrados cumplan con esta normativa.