En patrimonio de servidores públicos, el Comité Coordinador y Órgano de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán da manga ancha a opacidad
Morelia, Michoacán.- Con el argumento resguardar los datos personales de los servidores públicos que presentan la declaración patrimonial, puso candados a la transparencia de bienes patrimoniales de servidores públicos.
En sesión pública a la que, sin embargo, no fueron convocados los medios de comunicación, se relegó hasta los asuntos generales del orden del día el punto número 11, relacionado la recomendación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que urgía a interconectar la información en la plataforma digital de Michoacán a la base de datos nacional.
La referida recomendación fue rechazada de forma unánime por los titulares del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), la Contraloría del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y del Instituto de Acceso a la Información (Imaip), y que en ningún momento cuestionó la presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC), Elizabeth Vázquez Bernal.
El presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Jesús Sierra Arias, calificó la recomendación como “moda política” y citó la fracción 12, del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para batear la medida que busca medir el posible enriquecimiento de los servidores públicos.
“La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que la información en versión publica de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, y ojo con esto, que así lo determinen en los sistemas habilitados para ello; lo que debemos de entender es que hay una voluntad que debe de expresar cada servidor público de sí o no desea hacer pública su información”, dijo.
Jesús Sierra Arias, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa
Aunque se dijo a favor de “apoyar a la norma”, insistió en que debe de haber una voluntad expresa de hacer públicos los bienes, pues recalcó que existe esa disposición legal que protege la voluntad de las personas de no hacer pública su información y, por lo tanto, no consultable.
En ese mismo tenor se pronunció la secretaria de la Contraloría del Estado de Michoacán (Secoem), Azucena Marín Correa, quien consideró que la obligatoriedad de los servidores a presentar su declaración patrimonial, no implica la obligatoriedad a que sea pública, so pretexto de contener datos personales.
“Cuando recibimos nosotros la declaración patrimonial, nos manifiesta el usuario si es su intención hacerla pública o no, pero independientemente del manejo o no de la información, es obligación del ciudadano rendir su declaración, pero no es su obligación vincularla en plataforma, y aquí sí tenemos que ser muy precisos en el cuidado que se da de esa información porque no podemos poner en riesgo la información de la cual nosotros somos concentradores, entonces yo estoy a favor de la propuesta que hace el magistrado”, comentó.
Jesús Sierra Arias, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa
En su intervención, la presidenta del Instituto Michoacano de Acceso a la Información Pública (IMAIP), Areli Yamilet Navarrete, coincidió con la decisión de rechazar la recomendación, bajo el argumento del supuesto de que no se resguardan los datos personales en la interconexión de la declaración patrimonial en la plataforma nacional.
“Se apoya la postura manifiesta, puesto que hasta el momento en que se garantice el legal tratamiento de los datos personales, se estará en condiciones de analizar una interconexión, y lo que también deberá, en su momento, respetar el consentimiento de aquellos que autoricen la publicación de las versiones públicas de sus declaraciones, hablando ya de una versión pública, porque así lo establece, tal cual, y no es una versión de interpretación, sino es una versión de una cuestión de literalidad de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, comentó.
Jesús Sierra Arias, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa
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Con el voto unánime en contra de la interconexión, Jesús Sierra insistió en asentar en el acta resolutiva que “la obligación no va más allá, y eso es algo fundamental porque la información que ahí se contiene es información sensible en todos los aspectos, de modo que esta entidad federativa, en esta mesa representada por todos y cada uno de los poderes, concluye que es más importante nuestra obligación de salvaguardar la información de las personas que cualquier otra circunstancia que por moda política o llámese como se llame, pretenda que se interconecte con las garantías correspondientes”.