Por considerarlo “peligroso”, porque fue adicto, a Fernando Sánchez Vergara le negaron el derecho a estudiar, una universidad humanista la UDEM, no lo recibió en sus aulas. Ahora cuida de su familia y trabaja en un Centro de Rehabilitación, ayuda a salir del hoyo a quienes como él tocaron fondo.
Esa institución en la que ciegamente confió, le ha quitado la ilusión de superarse, hoy su hijo cumple 7 años, dice que por el pequeño y por él mismo anhela estudiar para tener un mejor empleo, “para formar bien a mis hijos”, asegura.
En mayo pasado, Fernando, acudió a la Universidad de Morelia (UDEM), se entrevistó con la actual directora de la carrera de psicología, María Isabel Morales Martínez, la cual fue en lo privado su terapeuta “profesional” por casi 8 meses.
Ella, quien conocía por ende su padecimiento le dijo que no podía entrar a esa institución por padecer esa enfermedad llamada “dependencia a sustancia psicoactivas”, catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad que merece atención medica especializada, por lo cual forma parte de un grupo vulnerable.
Con la esperanza de que todo fuera un mal sueño, Fernando siguió con el proceso de inscripción, llego el día del examen, el 11 de junio a las 10 de la mañana. Cuando María Isabel se dio cuenta de que él estaba ahí, lo saco del salón, lo llevo a otro y junto con Gersón Molina Gutiérrez, director administrativo de la UDEM, le dijeron en pocas palabras que no era bien recibido, que nunca seria aceptado por adicto.
Oye papá si vas a poder estudiar. Le preguntó su hijo, Fernando ya había caído en depresión y tiró la toalla. Esta pregunta lo sacudió. Por ello decidió emprender esta lucha contra la discriminación que es todo un cáncer social, asegura.
Ya le admitieron la demanda de amparo y también la denuncia penal, analizan también irse por la vía civil, menciona sus abogados, de la firma Alfa Consultores.
Más decididos, los abogados aseguran que su cliente ya fue señalado, estigmatizado y sus derechos humanos violados, que se violó también la privacidad del historial clínico de su defendido, y que la trascendencia de esto es que aquellos que cometieron un delito “van a pagar”.