Morelia, Michoacán.- Será en enero cuando se haga efectivo en Michoacán el Sistema Estatal Anticorrupción, o al menos así lo dio a conocer el diputado emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mario Armando Mendoza Guzmán, una vez que se procedió a la armonización de la Ley de Fiscalización, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y el Código de Justicia Administrativa.
Previo a la presentación de los dictámenes aquí citados ante el pleno del Congreso del Estado, Mario Armando Mendoza explicó que entre las adecuaciones a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, se generarán nuevas funciones para la Secretaría de Contraloría; mientras que en el caso de la Ley de Fiscalización, se impulsará la intervención de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).
A la par, detalló que al interior de la ASM se conformará un órgano vigilante integrado por seis ciudadanos y dos legisladores, quienes, en su conjunto, velarán por regular el actuar de quienes se desempeñan en la función pública.
De encontrar alguna irregularidad de gravedad, el legislador priísta expuso que el caso se turnará al Tribunal de Justicia Administrativa, instancia que de contar con tres magistrados, pasará a tener cinco. Ello, en respuesta a las modificaciones sobre el Código de Justicia Administrativa.
En lo que corresponde al presupuesto que se le inyectará al Sistema Estatal Anticorrupción, Mario Armando Mendoza evitó entrar en detalles, pues dijo que ese aspecto se definirá una vez que se hayan pulido los mecanismos regulatorios que acompañarán a dicho esquema.
No obstante, resaltó que sea cual sea la inversión, “será menor al daño que la corrupción le ha ocasionado a las finanzas del estado, porque es un vicio que además de carcomer la economía de la entidad, ha evitado que ésta crezca financieramente”.