Pese a déficit que priva en el Congreso, sin importar lo que cueste, todos los diputados quieren su medalla, reconocimiento o evento ornamental. Es así como en la Cámara se continúan realizando gastos para actos suntuosos, aprobando sesiones solemnes fuera de Palacio Legislativo, reconocimientos y letras de oro, todo con miras a vestir a los legisladores que lo promueven.
Los diputados están más preocupados por el oropel que por legislar, promoviendo eventos que sólo abonan al culto de su personalidad con fotos para sus redes sociales y boletines, pero que no representan beneficio alguno para la situación que priva en la entidad o la atención de necesidades específicas.
Y como son varios los diputados que han promovido nuevos reconocimientos y eventos de relumbrón, presionando bajo la lógica del “porqué a él sí y a mí no”, la Junta de Coordinación Política buscó asumir una postura salomónica, y autorizar en partes iguales entre las fuerzas política que se puedan generar este tipo de eventos.
Ello pese a que el costo de cada sesión solemne que se realiza fuera del Congreso cuesta al erario público alrededor de un millón de pesos.
En febrero pasado a propuesta del entonces coordinador parlamentario del PAN, Oscar Escobar Ledesma, el Pleno Legislativo instituyó la Presea “Primer Supremo Tribunal de Justicia Ario 1815”, con una medalla de plata y oro de 18 quilates, a entregarse cada siete de marzo.
Para finales de junio, el Congreso aprobó a propuesta de la diputada de Morena, María de la Luz Núñez, inscribir con letras de oro el nombre de María del Refugio García Martínez en el Salón de Sesiones de Palacio Legislativo.
Esta semana el Pleno, aprobó el acuerdo presentado por los diputados Víctor Manríquez, Jesús Hernández y Eréndira Isauro para instituir la condecoración “Mérito Migrante”, también con una medalla de plata y oro de 18 quilates, a entregarse en acto solemne en diciembre próximo.
Otros reconocimientos ya establecidos por anteriores legislaturas han sido distribuidos entre los grupos parlamentarios para que éstos decidan a quién se los entregan según sus intereses políticos, como lo es la Condecoración Melchor Ocampo que Morena decidió fuera para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual no ha podido ser entregada debido a que el mandatario nacional tiene agenda ocupada.
Al Partido Encuentro Solidario le tocó definir al recipiendario de la condecoración Suprema Junta Nacional Americana, determinando que fuera el exfutbolista Heriberto Ramón Morales.
La condecoración al Mérito Turístico le tocó definirla al PRI, quienes bajo criterios políticos optaron por el exgobernador Genovevo Figueroa Zamudio.
Asimismo está Legislatura ha celebrado actos o sesiones solemnes para otorgar la condecoración a la Mujer Michoacana, la Medalla al Mérito Docente.
Incluso los diputados, violentando lo establecido por su Ley Orgánica y de Procedimientos, usaron el Salón de Sesiones para reunirse esta semana con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández en lo que fue más bien una jornada proselitista. La norma establece que el recinto sólo puede usarse para sesiones Legislativas, o bien cuando un funcionario es citado previamente a comparecer.
Los diputados han determinado violentar las propias disposiciones que aprueban; basta recordar que el ocho de junio pasado aprobaron un dictamen para acotar la proliferación de este tipo de eventos ornamentales, mismo que fue promovido por la Comisión de Cultura del Congreso.
Cuestionada sobre el particular, Andrea Villanueva Cano, presidenta de la referida Comisión, apunta que en ésta existe el acuerdo de no “volver a aprobar absolutamente nada” relacionado con este tipo de eventos, “ya lo habíamos establecido en un dictamen, donde incluso se recortaron Sesiones Solemnes por el tema económico, por el tema de los traslados, sobre todo del material de la réplica que hay del recinto, que es lo que más cuesta una sesión solemne”.
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“Por ejemplo, la Sesión Solemne en Apatzingán costó aproximadamente un millón de pesos; el traslado del recinto es costoso, además, el personal se tiene que ir dos o tres días antes, algunos hasta una semana antes para prever temas de seguridad y de muchas cuestiones de logística”.
“Por estas razones se había decidido recortar estas sesiones, de nuestra parte lo seguiremos haciendo así, ya si la Junta determina otra situación, bueno, pues nosotros nos mantenemos con lo que habíamos acordado”.
Andrea Villanueva forma parte también del Comité de Administración y Control del Congreso, en donde se ha venido analizando los orígenes del déficit financiero que priva en la Cámara, y refirió que planteará al interior de éste, la revisión del gasto sobre los eventos que se han venido realizando.