Morelia, Michoacán.- En 16 años, es decir, de 1998 a 2013, de 582 denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntos delitos cometidos por servidores públicos, tan solo hubo 21 consignaciones de la autoridad competente, que representan el 3.6 por ciento, revela María Amparo Casar, en su texto, “Anatomía de la Corrupción”, en su capítulo cuarto referente a la impunidad.
En el texto publicado en octubre del año pasado, la autora cuestiona los resultados de las investigaciones, pues mientras la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emite 582 denuncias ante la PGR, por presuntos delitos de corrupción, ésta última tan solo logró consignar a 21 servidores públicos, lo que provoca que Amparo Casar califique, con base en los resultados, a los funcionarios como “espectacularmente honestos” y a las autoridades encargadas de las investigaciones como “ineficaces o corruptos”.
“A manera de proxy pueden utilizarse algunos datos de la PGR y de la ASF, que es la institución más importante para fiscalizar recursos públicos. Si se toman tan solo las denuncias de la ASF ante la PGR, resulta que somos un país con funcionarios públicos espectacularmente honestos a la vez que la PGR y los jueces son absolutamente ineficaces o corruptos”, e inmediatamente agrega que “En 16 años solo se presentaron 582 denuncias y solo hubo 21 consignaciones. Esto equivale a ¡3.6%!”, dice.
La autora añade más datos, pues detalla que, de acuerdo con informes de la PGR, de enero del 2010 ha febrero del 2016, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, inició 389 averiguaciones previas contra funcionarios, por presuntos actos de corrupción, de las cuales, tan solo 18 concluyeron con una sentencia condenatoria. Y esas 389 averiguaciones previas, equivaldrían a 65 consignaciones por año.
María Amparo Casar añade que, de las 18 sentencias condenatorias, tan solo en 7 se imputaron los actos de corrupción, y detalla que dos fueron por cohecho; dos por ejercicio indebido del servicio público; dos por abuso de autoridad y una por extorsión, es decir, en 6 años, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC), tan sólo habría logrado sancionar penalmente a 7 funcionarios por delitos de corrupción.
Asimismo, la autora presenta una tabla comparativa de los lugares donde se han impulsado las políticas para combatir la corrupción y la impunidad, y en dicha gráfica, México queda muy por debajo, pues mientras que, en Singapur de 175 delitos de corrupción cometidos, se emitieron 134 condenas, en Hong Kong de 202 delitos se resolvieron 172 condenas y en Estados Unidos de 668 delitos se emitieron 614 condenas, en nuestro país, de mil 946 delitos de los cuales, tan solo se emitieron 48 condenas.
Con base en ello, María Amparo Casar concluye que “México, otra vez, queda muy por debajo de naciones que se han tomado en serio el combate a la corrupción”, y agrega, “no es sorprendente, entonces, que los mexicanos desconfíen de las leyes y sean suspicaces frente al sistema de impartición de justicia, lo que a su vez conduce a la exigua utilización de uno de los eslabones cruciales para acabar con la corrupción: la cultura de la denuncia. El mexicano no cree en los medios institucionales de impartición de justicia y, por lo tanto, no recurre a ellos. Seis de cada diez mexicanos optan por no denunciar las conductas apartadas de la legalidad”.