Morelia, Michoacán.- Bajo el consentimiento de las administraciones de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, la empresa brasileña Odebrecht construyó en Michoacán una presa duplicando su costo original, acompañada de importantes deficiencias y tras un retraso de cuatro años.
Se trata de la presa ubicada en Tierra Caliente, conocida como ‘Francisco J. Múgica’, misma que si bien se debió entregar en octubre de 2008, fue concluida a principios de 2013 a un costo de dos mil 915 millones de pesos, pese a que en inicio la proyección presupuestal fue de mil 500 millones de pesos.
Con base en documentos obtenidos a través de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el contrato con la empresa brasileña se signó el 29 de noviembre de 2006, cuando al frente del Gobierno de Michoacán se encontraba el perredista Lázaro Cárdenas Batel.
Aun cuando en las especificaciones del contrato se puntualizó que la obra se ejecutaría bajo la modalidad de “precio alzado” y “llave en mano”, que se traduce en que no existirían incrementos en la obra; como ya se mencionó, la situación fue distinta.
Los términos del acuerdo con la administración a cargo de Cárdenas Batel se rompieron cuando Godoy Rangel asumió la gubernatura, pues violentando las clausulas iniciales, se autorizó una ampliación del contrato original por 601 millones de pesos, además de obras adicionales por 813 millones de pesos más.
Con todo y las facilidades otorgadas, para junio de 2010 Godoy, además de liberar a Odebrecht contratos extra por mil 414 millones de pesos, le concedió la posibilidad a la empresa brasileña de culminar la presa ‘Francisco J. Múgica’ a inicios de 2012. No obstante, como se mencionó al inicio de esta nota informativa, la obra se concluyó hasta 2013.
Respaldada en dos auditorías, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que la obra se entregó con importantes inconsistencias, considerando que el proyecto original contemplaba la dotación de mil litros de agua por segundo para riego agrícola, pero sólo se garantizó la fluidez de 500 litros por segundo.
Aunado a las deficiencias que se detectaron en la obra, se ignoró que la presa fue edificada sobre tierras en litigio, por lo que le corresponderá al gobierno de Silvano Aureoles Conejo restituir el terreno ocupado a los propietarios y, a su vez, saldar una penalización de nueve millones 315 mil pesos por daños, de acuerdo al resolutivo de una sentencia a favor del ejido Naranjo de Tziritzícuaro, dictada desde agosto de 2013 por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, y que fue ratificada en 2016.