Exploran cómo la elección de jueces en Bolivia influye en la justicia, tras la aprobación de la reforma judicial en México.
Ciudad de México.-Tras la reciente reforma judicial en México, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la elección de jueces, ministros y magistrados mediante voto popular, como sucede en Bolivia, ha generado un intenso debate sobre el futuro de la administración de justicia.
Aunque las encuestas muestran un 37.2 por ciento de desconfianza ciudadana hacia el poder judicial en Bolivia, este país, bajo la administración de Luis Arce Catacora, se destaca en Latinoamérica por haber implementado este sistema en dos ocasiones.
Según el observatorio económico: México, ¿Cómo Vamos?, la reforma judicial podría afectar negativamente el clima de negocios y la inversión extranjera directa (IED) en México.
Diversos agentes del sector privado, incluyendo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), han expresado su preocupación por las posibles consecuencias financieras de dicha reforma.
Expertos consultados indican un panorama sombrío para la justicia en México post-reforma, mientras que las estadísticas de Impunidad Cero revelan que solo un 14 por ciento de los mexicanos siente que la impunidad ha disminuido y un 60 por ciento cree que los delitos no llegan a ser juzgados adecuadamente.
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En contraste, Bolivia ha experimentado con la elección popular de jueces desde el Referéndum Constitucional de 2009. Los ciudadanos bolivianos han participado en la elección de funcionarios judiciales en 2011 y 2017, durante el mandato de Evo Morales, según datos del Centro de Documentación y Análisis de la Cámara de Diputados.
Al igual que en México, los candidatos en Bolivia deben cumplir con varios requisitos legislativos, entre ellos ser boliviano de origen, tener al menos 35 años, poseer un título de abogado con 10 años de experiencia y no tener antecedentes penales, según un estudio publicado en la revista Scielo.
A pesar de los desafíos, el modelo boliviano podría mejorar la impartición de justicia con una mejor evaluación y designación de funcionarios de menor rango, según un análisis del Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano.