29 de Abril de 2016

Es un misterio cómo le hicieron el PRI y el PVEM para que representantes de la sociedad civil avalaran el documento de los senadores Raúl Cervantes, tricolor, yPablo Escudero, Verde, que le quita el carácter obligatorio a la famosa Ley 3de3.

Y es que bajo la batuta de los citados representantes, alrededor de 634 mil ciudadanos suscribieron la iniciativa original, que incluía esa obligación para los servidores públicos.

La propuesta original 3de3 es un reflejo del hartazgo de la sociedad por moches, desvíos, sobreprecios y transas, que son financiadas con recursos públicos y que están al origen de grandes fortunas inexplicables.

La contrapropuesta de los “partidos gemelos” —o mellizos, si prefiere— deja a criterio del funcionario público la decisión de presentar o no las tres declaraciones: patrimonial, de interés y fiscal.

“Me extraña que, de pronto, eso que originalmente se planteó frente a 600 mil ciudadanos, se esté firmando achicado. Se esté firmando con menos potencia de la que viene en el texto que se promovió”, comentó el perredista Armando Ríos Piter. 

Le preguntamos al senador del PVEM, Pablo Escudero, presidente de la Comisión Anticorrupción, los motivos por los cuales se retiró el carácter obligatorio a la citada iniciativa. “No podemos ir más allá de la Corte”, respondió.

Y puso en nuestras manos el amparo 599/2012 relativo a la negativa a entregar las versiones públicas y electrónicas de las declaraciones patrimoniales de los 500 diputados.

Al resolver el amparo, el 12 de agosto de 2014, los ministros del Tribunal Supremo consideraron que no existe causa que justifique la divulgación de la información.

Casi en forma unánime, los ministros consideraron que los servidores públicos no tienen un umbral distinto de protección de datos personales.

Para ponerlo en boca del ministro Luis María Aguilar, hoy presidente de la SCJN: “No es válido afirmar que los datos personales por razón del sujeto como servidor público, puedan ser objeto de un escrutinio de mayor o menor intensidad que cualquier persona”. Luego de entregarnos el documento, Escudero resumió su sentir: “La decisión jurídica ya está tomada. Falta la decisión política”.

Al cierre de esta columna, hacia las 21:30 horas, no se había dado aún esa voluntad política.

No se vislumbraba por ningún lado un acuerdo para aprobar cinco de las siete leyes secundarias que requiere el Sistema Nacional Anticorrupción para ponerse a caminar.

“Es un atropello”, nos dijo el senador del PAN, Ernesto Ruffo, al destacar que el documento PRI-Verde-ONG deja el tema de las declaraciones como está. “Lo que nos presentan en relación a la 3de3 ya lo tenemos en la Ley de Responsabilidades vigente”, subrayó.

Miguel Barbosa, coordinador de la bancada del PRD, anunció que los senadores de su partido no bloquearían el proceso legislativo, pero que votarían en contra del “achicado” Sistema Nacional Anticorrupción.

Al cierre de la columna, no se vislumbraba una salida a lo que Emilio Gamboadefinió como impasse (callejón sin salida). Sólo quedan dos opciones: convocar a un periodo extraordinario, o ponerla a votación en el pleno, sin previo consenso.

  • Los  siete ordenamientos que requiere el SNA son: La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; La Ley General de Responsabilidades Administrativas; la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Y dos reformas adicionales en materia penal relativas a los delitos de corrupción.

Escudero nos entregó en mano un documento firmado por Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana, en el que se daba el “sí” al documento base de la iniciativa del PRI-PVEM. Paralelamente se repartió la lista de representantes de las organizaciones de la sociedad civil que, supuestamente, revisaron “los proyectos de reforma”.

Ellos  son: Guillermo Ávila y Haydeé Pérez Garrido, Fundar; Eduardo Bohórquez, Transparencia Mexicana; Enrique Cárdenas y Enrique Díaz Infante, Centro de Estudios Espinosa Yglesias; María Amparo Casar; Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Pero también Juan Pardinas y Max Kaiser, Imco; Sergio López Ayón, CIDE;Mauricio Merino y Lourdes Morales,  Red por la Rendición de Cuentas; y Pedro Salazar, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Luego de dar el “sí” a los 30 elementos  que contiene la propuesta Cervantes–Escudero que habrían sido tomados de la 3de3, el documento firmado porBohórquez destaca:

“Estimamos imperativo que se  reformen los tipos penales relativos a los delitos de corrupción y que se hagan explícitas las competencias que tendrá la Fiscalía Especializada en materia de Delitos de Corrupción”.

En las iniciativas de carácter penal radicaba otra de las grandes diferencias entre los grupos parlamentarios. PRD y PAN insistieron en que se aprobara el paquete de siete leyes en paquete. El PRI y el Verde se oponían a aprobar las de carácter penal.

  •  Ernesto Cordero llevó su báscula a la reunión previa del grupo panista en el Senado. Sacó un cigarro de la cajetilla de Delicados que llevaba. Lo pesó: menos de un gramo.  Luego mostró fotos de lo que serían 28 gramos.

Al ver las imágenes, el senador Ruffo las comparó con un  “taco gigante” que requiere tomarse “a dos manos”. De ese tamaño. El asunto se votó.  Perdieron los que, encabezados por el presidente de la Mesa Directiva, Roberto Gil, querían aprobar la iniciativa del presidente Peña que eleva de cinco a 28 gramos la posesión legal de la yerba y sus derivados.

El PAN votará en contra cuando se lleve al pleno.