Samuel García, el senador emecista al que querían quitarle el escaño por ponerse una camiseta de los Tigres de Nuevo León, se montó en la idea de “reversa al gasolinazo”, vía disminución de impuestos, no la suelta.
Sabe, sin embargo, que la cosa se va a poner difícil muy pronto. El 5 de noviembre entra en vigor el boicot de Donald Trump y sus aliados al petróleo de Irán. Acusa a Teherán de financiar actividades terroristas.
No hay duda que, en consecuencia, subirán los precios de la gasolina y el diesel. ¿Cuánto? Está por verse. En Estados Unidos calculan que el alza podría alcanzar el equivalente a tres pesos.
¿Y aquí?
- Andrés Manuel López Obrador puede convertirse en rehén de sus propias palabras. El presidente electo anunció la prohibición, durante su sexenio, del famoso fracking, un método de fracturación hidráulica para extraer de gas y petróleo.
Lo especialistas dudan, sin embargo, que pueda mantener ese compromiso. México necesita el gas para su desarrollo. Sin él, nomás no hay industria ni posibilidades de sacar del atraso a los estados más pobres del sur.
Depender de las exportaciones de Estados Unidos es un riesgo para la soberanía nacional. Ya conocemos a Donald Trump. En cualquier momento nos cierra la llave para presionarnos sobre, por ejemplo, el tema de la migración.
En la cuenca de Burgos hay gran potencial de gas —similar a los yacimientos de Eagle Ford, en Texas—, pero para optimizarlo se requiere del fracking. Lo ambientalistas rechazan este método de extracción por considerar que se trata de una práctica “ecocida”. Piden su prohibición definitiva.
- Arranca hoy la Consulta sobre el NAIM en 538 municipios, donde habita el 82 por ciento de los ciudadanos con derecho a votar. Termina el próximo domingo.
Las opciones son Texcoco o Santa Lucía. Se calcula una votación de un millón de personas, en el mejor de los casos. Es decir, menos del dos por ciento del padrón electoral decidirá por el otro 98 por ciento.
La organiza Morena y sus aliados. Ellos decidieron arbitrariamente la ubicación de las casillas, el número de boletas a imprimir y las preguntas.
Hay muchos peros a esa consulta, pero me voy a ahorrar los calificativos. ¡Sólo imagínelos!
No es poco lo que está en juego: la confianza de los inversionistas en futuros proyectos en el gobierno de la 4ª Transformación, el desarrollo de la aviación comercial y la buena salud del turismo.
Para nadie es un secreto que AMLO y su equipo simpatizan con la opción de Santa Lucía que trae aparejada una ampliación del Aeropuerto Benito Juárez y la adecuación de Toluca. Hizo campaña contra la obra que, dijo entonces, “es un atraco” de la mafia en el poder.
Todavía ayer, Javier Jiménez Espriú, próximo titular de la SCT, presentó un documento de Navblue, firma de Airbus, en el que se aseguran es viable la operación simultánea Santa Lucía-Aeropuerto de la Ciudad de México.
El estudio señala, sin embargo, que esta conclusión debe ser complementada con una amplia evaluación de elementos clave como la conectividad, la infraestructura, los sistemas de control aéreo y la preparación de los controladores.
Tampoco es un secreto que pilotos, aerolíneas, el Colegio de Ingenieros, el CCE, Carlos Slim, los expertos internacionales de Mitre, entre muchos otros, han abogado por la opción de Texcoco.
AMLO ha tratado de calmar las inquietudes. Dice que “no va a pasar nada” si es Texcoco o es Santa Lucía. ¿Nada?
En una carta que enviaron al presidente electo, aerolíneas de Estados Unidos le advierten que si cancela la obra, México perderá mas de 20 millones de pasajeros para el 2035.
Eso, más la pérdida de confianza de los inversionistas y los más de 100 mil millones de pesos que costaría cancelar la obra. No estamos para tirar recursos a la basura.
Si se va por la primera opción no sólo puede evitarse un desgaste antes de su toma de protesta, el primero de diciembre próximo, sino que establecería un positivo precedente para los inversionistas.
Texcoco puede cambiar el clima a su favor. Neutralizaría las críticas de la “prensa fifí” y los analistas. El nerviosismo en los mercados bajaría, la confianza permanecería, y el peso estaría más tranquilo frente a las divisas extranjeras.
Parece lo más sensato.
Santa Lucía, no hay duda, sería aplaudida por los macheteros de Atenco, Alejandro Encinas, Jiménez Espriú y Riobóo y los más radicales. AMLO ganaría simpatías entre los ecologistas. Los votantes se calculan en un millón. No es ni el dos por ciento del padrón.
- En el Senado se acumulan las solicitudes de los opositores para que sean eliminados los famosos superdelegados, con derecho a decidir sobre recursos federales, que AMLO quiere poner en los estados para substituir a los delegados federales.
El PAN ya metió dos exhortos que van en ese sentido y hay uno más del PRI, nos dice el emecista Samuel García, presidente de la Comisión de Federalismo de la Cámara alta.
Estos partidos califican de regresiva, autoritaria y centralista la iniciativa de Reformas a la Ley de la Administración Pública Federal, que propuso Morena.
Alegan que viola los artículos 40, 115, y 124 de la Constitución.
AMLO ya se comprometió con los gobernadores a no modificar la Ley de Coordinación Fiscal. Nos lo aseguro hace un tiempo el gobernador de Querétaro, Pancho Domínguez.
Eso significa que los superdelegados de Morena no decidirán el destino de los recursos en las entidades, ni podrán licitar.