Desde tiempos inmemoriales la seguridad ha sido siempre una cuestión de primera necesidad para el ser humano. En un inicio se buscó la seguridad a través de alianzas entre los primeros grupos primitivos, posteriormente se generaron los centros urbanos que darían origen a las primeras ciudades-estado de la antigüedad.
En aquella época, los habitantes de las ciudades y poblados procuraban seguridad para evitar sufrir algún tipo de daño y evitar la pérdida de su patrimonio frente a algún invasor. Para conseguirlo otorgaban una fracción de su propio patrimonio a la autoridad principal de la ciudad. A medida que fue evolucionado la ley en estos poblados, este otorgamiento parcial de patrimonio pasaría a llamarse tributo y posteriormente impuesto.
Tras la consolidación de los estados-nación en la Europa del siglo XVI, la posterior guerra de los treinta años (1610-1640) y la estructuración de los regímenes absolutistas en los distintos sistemas monárquicos de la época, diferentes pensadores comenzaron a reflexionar sobre cuál debía ser el papel principal del estado.
A pesar de que estas reflexiones tuvieron distintas visiones, todas coincidían en que el estado tenía como tarea principal la estabilidad del territorio donde imperaba, lo que debía traducirse en seguridad tanto física como jurídica.
La seguridad física se refería a la protección de los habitantes, de cualquier daño material que un tercero pudiera hacerles en su espacio corporal, mientras que la seguridad jurídica habría de traducirse en la obligación del Estado de garantizar que a cualquier ciudadano se le respetaran todos sus derechos, salvo que se hubiera incurrido en alguna acción ilegal, la cual sin embargo también tendría que llevarse acorde a la ley.
Entonces, el principal pilar de la legitimidad del estado termina por ser la garantía de que existirá seguridad para que las personas que lo habitan puedan realizar sus actividades diarias sin tener que preocuparse porque alguien pueda dañarlas tanto física como jurídicamente.
Enfocado todo esto a la situación actual de México, los ciudadanos deben exigir que el estado mexicano tanto a nivel federal como estatal y municipal garantice su rol como protector de sus derechos, entre ellos el derecho a la seguridad, pues como ya se señaló ésta es una de la razones principales de la existencia de los estados-nación.
Si el estado mexicano no cumple este papel de “guardián de la seguridad”, estará restando legitimidad a su propia existencia, y esto al mismo tiempo empujará a la ciudadanía a que busque soluciones propias para resolver el dilema de la inseguridad, soluciones que muy probablemente terminar siendo muy radicales y extremas.
Es entonces necesario que el estado mexicano comience a brindar a la ciudadanía autentica seguridad, tanto física como jurídica, ya no solo por el bienestar de sus propios ciudadanos sino para también poder garantizar su propia estabilidad interna.