Con el sistema Nacional Anticorrupción, el estado mexicano se compromete a fortalecer la democracia y a combatir de frente contra la corrupción.
Uno de los mayores peligros que enfrenta la democracia mexicana es la corrupción. Este flagelo durante décadas ha estado presente en casi todos los niveles de gobierno y en la mayoría de nuestras instituciones públicas. Los mexicanos hemos sido testigos en innumerables ocasiones de escándalos que han inhabilitado y llevado a la cárcel a diversos funcionarios públicos.
La corrupción no es un problema que involucre exclusivamente a personajes de las altas esferas del poder. En nuestra cultura este problema se ha arraigado a tal grado que erróneamente se piensa que para “avanzar” se necesita corromper. De acuerdo a Transparencia Mexicana, en nuestro país se gastan en promedio casi 900 mil millones de pesos anuales en actos relacionados con la corrupción. Es preocupante que 4 de cada 10 empresas tengan que ofrecer sobornos a las autoridades abrir o poder funcionar.
Los ciudadanos han aprendido a corromper y dejarse corromper en su vida cotidiana. Lo mismo se puede observar a personas ofrecer “mordidas” para evitar ser amonestados por una infracción de tránsito o dando dinero para agilizar algún trámite. Tenemos un círculo vicioso que se encuentra alimentado por todos, que desfila por nuestros propios ojos, y que desafortunadamente ha venido incrementándose gracias a la impunidad. Lo anterior evidencia también el poco apego de los mexicanos a la cultura de la legalidad.
Por ello, es de gran trascendencia para la vida nacional el paquete de reformas que el Congreso de la Unión discutirá para poner en funcionamiento el Sistema Nacional Anticorrupción. Los legisladores en el próximo periodo extraordinario de sesiones –a realizarse del 13 al 17 de junio– tendrán que ser responsables al momento de aprobar las 5 leyes secundarias que darán vida a todas las acciones encaminadas a prevenir, investigar y sancionar los delitos de corrupción. De lo anterior dependerá que podamos construir un México más transparente, más competitivo y con mayor confianza de los ciudadanos en las instituciones.
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De llegar a buen puerto la discusión de la legislación secundaria se fortalecería a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoria Superior de la Federación, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a los órganos de control interno y se crearía una Fiscalía Anticorrupción. Por primera vez el Estado mexicano contaría con todas las herramientas para perseguir con eficiencia el conjunto de ilícitos que componen la corrupción, tales como: los sobornos, la malversación de fondos, el peculado, el desvío de recursos públicos, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, el enriquecimiento ilícito, la obstrucción de la justicia, la colusión, la utilización falsa y confidencial, el nepotismo y la conspiración.
En el debate parlamentario un tema que los legisladores no podrán eludir será la Ley 3 de 3, la cual propone que todos los funcionarios hagan públicas su declaración patrimonial, fiscal y de intereses. Una iniciativa surgida desde la sociedad civil y la academia que ha hecho posible que al día de hoy un total de 555 servidores –entre senadores, diputados federales, secretarios de Estado, gobernadores, alcaldes, presidentes de partidos y síndicos–, hayan hecho públicas sus declaraciones sin un ordenamiento legal de por medio. ¿Se imagina usted las joyas que encontraríamos si los funcionarios michoacanos hicieran públicas sus declaraciones?
No me queda duda que el Sistema Nacional Anticorrupción es la gran apuesta del Estado mexicano en contra de la corrupción. Sin embargo, también estoy convencido que este lacerante mal no podrá erradicarse hasta que el cambio inicie en el seno de la familia y en la escuela, espacios donde al final de cuentas los ciudadanos aprendemos los valores de la honradez y el esfuerzo.
Estoy convencido que la cultura de la legalidad tiene que ser un aspecto fundamental para consolidar un sistema de combate a la corrupción efectivo, eficaz y de resultados.
Como postre
La nueva legislación anticorrupción prevé que las faltas administrativas graves en que incurran los funcionarios públicos tengan una prescripción de 7 años. Una buena noticia para los michoacanos, si consideramos que de aprobarse contáremos con 12 años para que el gobernador Silvano Aureoles nos explique en qué se han gastado los más de 5 mil 200 millones que ha contratado de deuda pública.