Morelia, Michoacán.- “Sin importarles que hubiera niños y familias caminando los policías empezaron a disparar, dispararon balas de plomo, balas de goma, aventaron gas lacrimógeno, no les importó nada, se metieron a nuestra casas, nos robaron”… expresó una familiar del joven menor de edad que falleció durante el enfrentamiento en la comunidad de Arantepacua, entre elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y comuneros de la localidad, mismo que dio como resultado cuatro indígenas muertos, así como un policía.
“Yo soy familiar directo del joven que falleció, se llama Luis Gustavo y apenas cursaba el cuarto semestre de bachillerato”, la mujer se detiene un momento, parece que sus ojos van a derramar llanto pero da un respiro y continúa: “Debido a estos hechos tan lamentables del 5 de abril estamos presentes para que se haga justicia por la falta de capacidad que tuvo Silvano y el secretario de Seguridad quienes son los inmediatos responsables porque dieron la orden sin dar la oportunidad de un dialogo”, siguió.
La comunera que omitió su nombre detalló que los elementos de seguridad entraron en las casas “rompiendo puertas” y sacaron de manera “brutal” únicamente a los hombres para después trasladarlos a la capital michoacana. “A nosotros nos dejaron un daño psicológico terrible, sobre todo a los niños que apenas ven una patrulla, escuchan una sirena aunque sea de ambulancia y se espantan, tienen mucho miedo y queremos que se nos reintegre todo”.
Ante la situación los comuneros exigen la renuncia inmediata del titular de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona, a quien señalan como principal responsable del “ataque” por ser el jefe de los cuerpos de seguridad. “Además queremos que se haga justicia a los caídos, que se reparen los daños que ocasionaron y que paguen la curación de todos los heridos y de quienes tienen secuelas físicas y psicológicas”, requirieron.
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Es importante recordar que el hecho se suscitó desde el día cuatro de abril pasado, cuando las autoridades del Concejo Comunal de Arantepacua, acudió a la capital michoacana para resolver el caso del conflicto de límite de tierras con la comunidad de Capacuaro, sin embargo, fueron detenidos las autoridades y los comuneros que los acompañaron y se implementó un operativo donde se dice, participaron cerca de 60 patrullas para tratar de liberar unos autobuses que mantenían los indígenas y que negociaban soltar.
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Las autoridades ofrecieron una versión oficial en la que señalan que el crimen organizado fue el que estuvo detrás de los hechos y que los cuerpos de seguridad únicamente tuvieron que repeler la agresión, sin embargo, los comuneros consideran que esa información no es la correcta: “El decir que el crimen organizado estuvo detrás del ataque es un respaldo para ellos, ellos saben dónde están los criminales, por qué no van. Siento que están en el mismo gobierno, ellos saben dónde están para qué señalan eso a una comunidad, si la gente allá se dedica a la madera, a la agricultura las mujeres son amas de casa…”.