Integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, calificaron como discriminatoria la reforma constitucional que promueve el Ejecutivo del Estado en materia indígena
Morelia, Michoacán.- La reforma constitucional en materia indígena promovida en Michoacán por el Ejecutivo Estatal, es discriminatoria y no cumple ni con lo contemplado en la Constitución General de la República, alertaron este viernes integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán.
La iniciativa de reforma no fue compartida sino hasta ayer jueves a las comunidades, y en una primera revisión éstas detectaron de entrada que no contempla ni siquiera su derecho a consulta, según lo expuesto en rueda de prensa por Pavel Guzmán, vocero del Consejo.
En compañía de autoridades comunales de Jarácuaro, San Andrés Tziróndaro, Santa Fe de la Laguna, entre otros, Guzmán apuntó que la iniciativa es discriminatoria ya que únicamente establece la entrega de presupuesto directo a las comunidades que tienen autogobierno, “discriminando al resto y violentando sus derechos constitucionales”, ya que en la práctica solamente se permitiría que 40 de 460 comunidades en el estado, fueran susceptibles a tal derecho.
Cuestionaron además que la iniciativa del Ejecutivo no contemple el derecho a la consulta, como tampoco a la autonomía educativa para los pueblos originarios, “ni siquiera permite que las comunidades puedan establecer sus propios planes y programas educativos, así mismo no reconoce el ancestral sistema de justicia indígena, a pesar de que en Michoacán existen más de 200 jueces tradicionales que de facto, resuelven problemas internos en sus comunidades”.
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Además refirieron que la reforma no contempla el derecho al territorio que mantienen los pueblos, “esta reforma no fue consultada de manera apropiada a los pueblos a quien dice representar y no existe el aval de las asambleas generales para su apoyo”.
Adelantaron que en caso de no cumplir el Congreso con la obligación que tienen a consultar de manera debida esta reforma, no sólo acudirán a tribunales para impugnarla, sino también emprenderán un proceso de movilizaciones para manifestar su rechazo.