Morelia, Michoacán.-El Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia contabiliza 50 quejas presentadas por vulneración a los derechos humanos, siendo la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) la más señalada.
Lo anterior fue informado por el director del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia, Alberto Hernández Ramírez, quien ante cuestionamientos de la prensa reconoció que el número de quejas ante la instancia a su cargo sería reflejo del desgastado habito de denuncia existente entre los michoacanos.
En un acercamiento con comunicadores locales, subrayó que entre las dependencias con mayores quejas por discriminación destacan la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Educación.
“Están muy ubicados son las personas de preferencia sexual distinta, las personas con alguna discapacidad, grupos indígenas, las mujeres… son creo que igual, no hay una proporción tan distante para ubicar el grado de discriminación de cada uno de estos sectores”, contestó al ser abordado en torno a cuáles son las quejas más recurrentes en la dependencia a su cargo.
Contraste de quejas con la CEDH
Al paso del primer semestre de 2017, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) contabiliza mil 58 quejas recibidas por diferentes violaciones a los intereses e integridad de la ciudadanía. Entre las dependencias gubernamentales más señaladas, destacan la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Educación en el Estado (SEE).
El número que violaciones a los derechos humanos no disminuye, al contrario, se ha venido elevando, de acuerdo con informes generados por la CEDH, en donde se expone que mientras en 2016 dicho organismo recibió un total de mil 492, tan sólo en el primer semestre de 2017 las denuncias ascienden a mil 58 quejas.
Entre estas dependencias, imperan inconsistencias como detenciones ilegales, violaciones a la legalidad y seguridad jurídica, irregularidades en la integración de una carpeta de investigación y, en el caso de la SEE, negativa o restricción al derecho a la educación.