Morelia, Michoacán.- El Congreso de Michoacán trabaja en el desahogo de dos juicios políticos que se pretenden ejecutar en contra de presidentes municipales presuntamente implicados en el desvío de recursos públicos.
Los procesos correspondientes se están desahogando en contra de los presidentes de Maravatío y Jacona, José Luis Abad Bautista y Rubén Cabrera Ramírez, respectivamente.
“Ahorita nosotros ya tenemos dos juicios políticos en trámite: el del presidente municipal de Jacona y el del presidente de Maravatío. El de Maravatío ya se le emplazó y ya contestó la denuncia, estamos por abrir un proceso probatorio”, subrayó la diputada del PT y presidenta de la Comisión Jurisdiccional del Congreso, Mary Carmen Bernal Martínez.
Como paréntesis es importante mencionar que, bajo el consentimiento de la LXXIII Legislatura del Congreso de Michoacán, el pasado 20 de septiembre se dio luz verde a un juicio político en contra de José Luis Abad Bautista, presidente de Maravatío, a quien acusan de nepotismo y desvío de recursos.
Ello, luego de haber sido acusado de violentar el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).
A la par, se le encontró responsable de aplicar un mal uso sobre los recursos de la Feria de Maravatío de 2016, contratando para dicho evento a Marco Antonio Solís, “El Buki”, sin antes haber solicitado el permiso correspondiente.
Otra de las razones aterriza en que José Luis Abad Bautista usó recursos públicos para comprar diversos materiales a su cuñada, Laura Lugo Arriaga, para direcciones de la administración municipal.
En tanto, el presidente de Jacona, Rubén Cabrera, es señalado por pagar un salario a su hija por el orden de 15 mil pesos como presidenta del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), además de presuntamente haber instrumentado cambios de uso de suelo a su favor.
El edil de Jacona es acusado también por presuntamente haber desviado recursos a través de diferentes obras que se ejecutaron en dicho municipio.
Un punto a destacar es que a estos ediles se podría sumar el presidente de Charo, Ramón Hernández Yépez, quien presuntamente le habría ofrecido trabajo a por lo menos nueve de sus familiares.
Ante esta carga de trabajo, la diputada Mary Carmen Bernal subrayó que se pretenden ampliar los plazos para desahogar un proceso de juicio político, tomando en cuenta que actualmente el Congreso cuenta con tan sólo 20 días para consumar el proceso correspondiente.