Exempleados del Congreso de Michoacán aseguran que diputados de la 75 Legislatura “se robaron” dos terceras partes de sus finiquitos
Morelia, Michoacán.- Exempleados de la 74 Legislatura del Congreso de Michoacán denunciaron que los actuales diputados de la 75 Legislatura les robaron dos terceras partes de sus finiquitos, en virtud de que se han negado a cumplir un convenio suscrito, del cual exhibieron fotocopia.
En rueda de prensa, Jacobo Díaz Ortega, exasesor B de la diputada de Morena, Teresa López; el exdiputado federal Rafael García Tinajero, exasesor A del exdiputado Antonio Soto, del PRD; y Said Mendoza, exasesor A del exdiputado del PAN, Javier Estrada Cárdenas, señalaron que los actuales integrantes de la Junta de Coordinación Política violentaron la ley.
“Había 21 millones de pesos presupuestados para nuestros finiquitos; pero los actuales diputados empezaron a pagar dos tercios menos de lo que establecía el convenio; ante la necesidad, muchos trabajadores han accedido a cobrar solo un tercio; legalmente los compañeros se desisten de este cobro, pero moralmente les robaron dos tercios de sus finiquitos”, comentó Jacobo Díaz.
Jacobo Díaz Ortega, exasesor B
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Al hacer uso de la palabra, García Tinajero mostró ante las cámaras de la prensa una copia del referido convenio, cuya existencia han negado integrantes de la actual Junta de Coordinación Política (Jucopo), que preside el diputado Fidel Calderón Torreblanca, y reprochó que los actuales diputados se muestren insensibles ante las necesidades de muchos trabajadores.
Foto. Dalia Villegas Moreno/ Contramuro 
Foto. Dalia Villegas Moreno/ Contramuro
“Que no salgan con que no hay convenio, a mí me consta que sí lo hubo, aquí está; sí hubo convenio firmado entre los extrabajadores y el apoderado legal del Congreso; el compromiso escrito es de dos meses de salario, el proporcional de aguinaldo y la prima vacacional. Es una injusticia que quieran pagar menos, se trata con saña a los exempleados”, reprochó.
Rafael García Tinajero, exdiputado federal
Por su parte, Said Mendoza denunció que el Congreso ha estado entregando cheques que no se pueden cobrar, lo que a su decir constituye una ilegalidad y una falta de respeto para los trabajadores. Los inconformes precisaron que en un inicio eran alrededor de 300 trabajadores, de quienes unos 200 ya han accedido a cobrar un tercio de lo que les correspondía.