Diputados de Michoacán regresarán a sesionar hasta febrero
Foto. Dalia Villegas Moreno/ Contramuro

Hasta febrero, diputados de Michoacán, regresarán a sesionar

Morelia, Michoacán.- Diputadas y diputados de la 75 Legislatura del Congreso de Michoacán, quienes mensualmente cobran 96 mil pesos de dieta, regresarán a laborar formalmente y a sesionar para resolver asuntos, hasta el mes de febrero.

Y esto no es ilegal, claro, en términos de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Michoacán, el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año legislativo inicia hasta el 1 de febrero, y termina el 15 de julio.

Mientras se llega esa fecha, o mientras son convocados a alguna sesión extraordinaria, todo el mes de enero, diputadas y diputados recorren sus distritos entregando despensas, tinacos, láminas de cartón o sosteniendo reuniones con pobladores o compañeros de partido.

Aunque no se trata de un periodo vacacional, sino de un receso, comisiones legislativas y comités deberían continuar con los trabajos, sin embargo, la memoria pone en evidencia que esto rara vez sucede, y que se vuelve a ver a curuleras y curuleros hasta el mes de febrero.

Aunque la 75 Legislatura fue instalada formalmente el pasado 15 de septiembre, la encarnizada disputa política por áreas administrativas y comisiones postergó el inicio de los trabajos hasta el 18 de octubre. Iniciaba hasta entonces, en los hechos, el primer periodo de sesiones.

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Entre octubre y diciembre se vio el desfile de legisladores y legisladoras en tribuna para presentar iniciativas y lucirse para la foto, la mayoría, elaboradas por asesores que casi nunca reciben el crédito, algunas, por demás, intrascendentes, que suelen acabar por engordar el archivo de Legislatura subsecuente.

A lo que sí se abocaron las comisiones legislativas de programación presupuestaria y hacienda-y-deuda entre noviembre y diciembre, fue a la aprobación del Presupuesto de Egresos de 81 mil 546 millones de pesos para 2022 y, con el aval de todos los partidos en Pleno, impusieron la Ley de Ingresos que obliga al pago del reemplacamiento vehicular por cerca de 3 mil pesos.