La reciente reforma amplía el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa en México.
La bancada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados han logrado la aprobación de una reforma constitucional que extiende el listado de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa.
No obstante, se ha decidido excluir del dictamen los delitos de narcomenudeo y defraudación fiscal, manteniendo delitos como la extorsión y el contrabando, además de ampliar las condiciones aplicables al tráfico de narcóticos como el fentanilo.
Votación para la modificación en la prisión preventiva oficiosa
La modificación al artículo 19 de la Constitución recibió 335 votos a favor, 108 en contra y ninguna abstención, siendo posteriormente enviada al Senado para su revisión y posible ratificación.
La propuesta fue inicialmente presentada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en febrero y evaluada por la legislatura previa.
El diputado Ricardo Monreal fue el autor de las tres reservas aceptadas, que excluyen los delitos de narcomenudeo y defraudación fiscal del proyecto, y añaden nuevas condiciones para los distribuidores de precursores químicos como el fentanilo.
Según Monreal, la exclusión del narcomenudeo busca un enfoque más social para mejorar la convivencia, especialmente entre jóvenes.
“En este momento necesitamos unidad nacional”, explicó Monreal al justificar la exclusión de la defraudación fiscal como delito grave.
Además, destacó la necesidad de un cambio en la ley para evitar interpretaciones erróneas por parte de los jueces que podrían liberar indebidamente a criminales.
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La nueva legislación dicta que la prisión preventiva oficiosa será aplicable en casos de extorsión, contrabando y cualquier actividad relacionada con facturas falsas, así como en la manipulación de precursores químicos y drogas sintéticas como el fentanilo.
El Congreso tiene un plazo de 180 días tras la entrada en vigor del decreto para armonizar la legislación correspondiente, mientras que los estados tendrán un año para ajustar sus normativas.
Durante los debates, se presentaron opiniones divididas.
La diputada Margarita Zavala criticó la reforma por considerarla contraria a los derechos humanos y la presunción de inocencia, mientras que la diputada Sandra Anaya defendió la medida como esencial para combatir delitos de alto impacto.
Por otro lado, el diputado Luis Gerardo Sánchez y la diputada Vanessa López Carrillo expresaron su apoyo, enfatizando la necesidad de fortalecer al Estado en la lucha contra delitos graves.