Producto de los manejos rapases dentro la administración pública estatal, el Fondo de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán sufrió un revés económico sin precedentes, causando un daño patrimonial a los trabajadores del estado, pues sus aportaciones para su jubilación fueron desviados o malversados por quienes deben administrarlos, con fines que al día de hoy no han quedado claros, indicó Erick López Villaseñor.
A decir del abogado de alrededor de 600 trabajadores de la educación, el Poder Judicial y otros más del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), para resolver el hurto y recapitalizar a la Dirección de Pensiones Civiles de Michoacán, el 25 de agosto del 2015 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado una reforma a la Ley de Pensiones Civiles.
Así, de manera desproporcionada e inequitativa aumenta un descuento a todos los empleados, el cual originalmente era de 5.5 por ciento sobre su sueldo base, hasta un 11 por ciento, es decir, un incremento real de cien puntos porcentuales por dicho concepto para recapitalizar precisamente a la Dirección de Pensiones.
Más grave aún, dijo para contramuro.com resulta el hecho de que el trabajador al final de su vida laboral, no podrá jubilarse con el 100 por ciento de su último sueldo base, tal y como lo contemplaba la Ley antes de la reforma, sino con el porcentaje promediado de los tres últimos años. Hasta el momento se tiene sin detallar el monto del desfalco, pero sí tiene la certeza de que son “muchos millones de pesos”.
En otras palabras, dijo, los trabajadores al servicio del Estado pagarán los manejos voraces de las administraciones estatales, pues si bien es cierto que el Fondo de Pensiones Civiles del Estado se encuentra quebrado, igualmente cierto es que el gobierno estatal, mete mano al bolsillo del trabajador para recapitalizar dicho fondo, en lugar de recuperar lo “robado”, y llamar a cuentas a los responsables del desfalco, y así, como siempre, es el trabajador quien paga de su bolsillo los irregulares manejos que han hecho las administraciones responsables de dichos fondos.
Por ello trabajadores de la educación, del poder judicial y del poder ejecutivo, todos al servicio del estado de Michoacán, el lunes ocho de febrero, presentaron el Amparo Masivo en los Juzgados de Distrito de Morelia y Uruapan, en contra del primer acto de aplicación de dicha reforma, y que redundó en un descuento mayor a su de por sí menguada percepción salarial.
Y para quienes no alcanzaron a interponer el recurso por lo reducido de los plazos, añadió López Villaseñor, el equipo jurídico que atiende el trámite, revisan rutas jurídicas diversas que permitan a los trabajadores defender sus derechos laborales y de seguridad social.