Los empresarios de Michoacán le dijeron que no al gasolinazo y en respuesta a la crisis financiera que enfrenta el país, propusieron una reducción salarial de hasta el 50 por ciento sobre los funcionarios del gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto.
A través de una rueda de prensa ofrecida por representantes de organizaciones empresariales como la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción; el sector privado reclamó por los impactos que sufrirá la economía nacional tras el alza que registraron los combustibles, y emplazaron al gobierno federal a aplicar medidas de austeridad que puedan hacer frente al gris escenario financiero que se pinta para el país.
Con el Centro de Convenciones de Morelia como escenario, el sector privado resaltó que a partir de los gasolinazos, la economía nacional sufrirá un impacto en cadena que recaerá, principalmente, sobre las clases trabajadoras de México.
“La crisis que enfrenta el país, se supone, obligó al gobierno federal a adoptar esta medida (el gasolinazo), pero realmente esta crisis es producto de una mala administración que se ha venido presentando desde cuatro años, y al no poder abatirla desde el sector gubernamental, se la vienen a cargar a la ciudadanía”, refutó el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, Francisco Gallo Palmer.
El empresario condenó que además de los incrementos que sufrió el precio del combustible, la industria de la construcción quedó desprotegida con el recorte que se aplicó en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), cuyo monto ascendió a los mil millones de pesos.
La idea de incrementar los impuestos fue mal vista por el empresario, pues consideró que esta situación podría resarcirse aplicando una autentica medida de austeridad en el gasto corriente de la Federación, con la finalidad de que la crisis no impacte directamente sobre la ciudadanía.
A la par, invitó a que la Federación rinda cuentas claras en torno a los 200 mil millones de pesos que se “robaron diferentes gobiernos estatales en los últimos cuatro años, en vez de estar viendo como desgastar más el bolsillo de los mexicanos”.
Este argumento fue respaldado por el ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Michoacán, Eduardo Sánchez Martínez, quien lanzó una propuesta para que el gobierno de Peña establezca una reducción salarial de hasta un 50 por ciento, a fin de que se aminore la complicada situación económica que enfrenta el país.
“Cuando hablamos de disminuir los salarios, creo que tenemos que empezar por los sindicatos que tanto daño le han hecho a la economía nacional, ya sea la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) o incluso a los gremios de la Universidad Michoacana, pues en ellos se depositan millonarias cantidades de dinero”, prosiguió.
A estas solicitudes se unió el líder de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Arturo Sandoval Canals, quien de una manera más mesurada, advirtió sobre los impactos que sufrirá este sector, a raíz de las variaciones económicas que está viviendo el gobierno federal.
“La crisis nos alcanzó a todos, por el tema de los combustibles, porque repercute directamente en los gastos del consumidor, por eso tenemos que analizar cuál es la expectativa que tenemos para 2017”.
El impacto que sufrirían los restauranteros, explicó, se reflejará sobre el incremento en costos de sus productos, pues refirió que en el caso de los establecimientos que ofrecen servicios a domicilio, los precios del menú podrían elevarse hasta en un 12 por ciento.
En lo que respecta a los establecimientos que no ofrecen este tipo de servicios, hizo un llamado para que el sector restaurantero se “sensibilice” con la economía de la ciudadanía, y no aplique incrementos que vayan más allá del 8 por ciento que se prevé.
De este modo, el sector empresarial, que hasta cierto punto se había limitado a opinar en torno al accionar del gobierno de Enrique Peña Nieto, manifestó su oposición a las dinámicas de gestión recién aprobadas desde la Cámara de Diputados, y exigió que la Federación responda con medidas de austeridad contundentes, y no con dinámicas que se contrapongan a los intereses de la ciudadanía.