Despenalización del aborto, puerta cerrada en Congreso
Morelia, Mich.- La legalización del aborto en Michoacán es una puerta cerrada en el Congreso del Estado, por lo menos durante la LXXV Legislatura local. La prevalencia de visiones conservadoras y contrarias a la despenalización es mayoritaria entre quienes conforman la Cámara, incluidos integrantes de las bancadas llamadas de izquierda.
Hasta el momento han sido presentadas siete iniciativas en la materia, el mayor número en una Legislatura local. Sin embargo la afluencia de propuestas no ha logrado modificaciones normativas en la materia.
En octubre pasado se tejió desde el Ejecutivo del Estado un consenso buscando la aprobación de un dictamen en la materia, sin embargo la operación política fue desaseada y el dictamen elaborado presentaba inconsistencias que daban pie a la simulación.
El dictamen fue retirado de la orden del día en la sesión del 19 de octubre, debido al rechazo no sólo de grupos conservadores que se oponían a él, sino también de las colectivas feministas que advirtieron la simulación.
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Dicho dictamen no despenalizaba el aborto sino que incluso planteaba tratamiento terapéutico para las mujeres que abortaran, al establecer: a quien voluntariamente provoque su aborto, se le impondrá de seis meses a un año de trabajo a favor de la comunidad e ingresar a un programa de educación sexual, enfocado en prevención y planificación familiar, con atención especializada psicológica y terapéutica”.
Finalmente el asunto no pasó y las reformas planteadas hasta el momento permanecen en paréntesis.
Lluvia de propuestas
Luego que en septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara como inconstitucional la criminalización del aborto, pronunciándose a favor de garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, en el Congreso se ha intensificado la tensión frente a la posibilidad de su despenalización.
Aunque por vez primera una Legislatura local en Michoacán se integra mayoritariamente por mujeres, la postura contra la despenalización ha sido claramente manifiesta.
En 2021 la perredista Fanny Arreola Pichardo, presentó a la primera iniciativa en esta Legislatura para reformar el Código Penal y despenalizar el aborto.
Posteriormente las 22 colectivas feministas agrupadas en ILEMich (Interrupción Legal del Embarazo Michoacán), presentaron una paquete de reformas para derogar el delito de aborto dentro del Código Penal del Estado, y que en la Ley de Salud se establezca que el derecho de las niñas y las mujeres a decidir sobre su cuerpo y maternidad incluye la interrupción legal y voluntaria del embarazo, que es la que se realiza con previo consentimiento suyo y durante las primeras doce semanas de gestación.
Para junio de 2022 los diputados Juan Carlos Barragán y Julieta García Zepeda presentaron de manera conjunta sus propias propuestas en la materia, tanto al Código Penal como a la Ley de Salud.
La priista Adriana Hernández Íñiguez en septiembre pasado también promovió en septiembre su propia reforma al Código Penal, la que se encuentra acumulada entre las pendientes de dictaminación.
Tocó luego el turno a la entonces diputada petista Gabriela Cázares Blanco que promovió una iniciativa construida por colectivas feministas integrantes de Marea Verde y Red ASALEAS, para reformar la Ley de Salud como al Código Penal del Estado.
También está la iniciativa presentada por la diputada María de la Luz Núñez, quien también plantea reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Estado.
Tres lustros de discusión
Los jaloneos en el Congreso michoacano por el tema del aborto tienen más de una década. Antaño era un asunto que no estaba en la agenda legislativa, y no había propuestas específicas ni para penalizarlo más, ni para despenalizarlo.
Fue el 2009 cuando el entonces diputado panista Francisco Morelos Borja, propuso una reforma a la Constitución del Estado para tutelar el derecho a la vida desde el momento de la concepción.
Para entonces la acción de los colectivos de mujeres sería fundamental para la decisión tomada por el Congreso, ya que de inicio la bancada del PRI se inclinaba por la propuesta, pero al final tras la presión de las organizaciones acabó por rechazarla.
Es así como el 16 de marzo de 2010 Michoacán se convirtió en el primer estado de la República que declaraba el “no ha lugar” a la propuesta de elevar a rango constitucional la tutela del derecho a la vida desde el momento de la concepción, luego de que la mayoría de legisladores del Congreso local se opusieron a la llamada ley antiaborto promovida por el PAN.
Para entonces Acción Nacional y el calderonismo, promovían en todos los estados de la República, reformas constitucionales similares a la de Morelos Borja.
En 2013 fue un diputado priista –Antonio Sosa López– el que se sumaría a la causa panista y reviviría el tema, al proponer nuevamente tutelar el derecho a la vida desde la concepción. Dicha propuesta jamás prosperó.
Para el 2014 en el marco de la aprobación del paquete de leyes para dar vida al Nuevo Sistema de Justicia Oral, la Comisión de Justicia encabezada entonces por Selene Vázquez Alatorre, incorporaría en el Código Penal que el aborto en Michoacán sea legal por razones de pobreza.
Es decir debido a dicha reforma, actualmente en Michoacán una de las excluyentes de responsabilidad por aborto en las 12 primeras semanas de embarazo, previstas dentro del Código Penal del Estado es la pobreza.
La diputada perredista Nalleli Pedraza Huerta, presentó durante la pasada Legislatura –en 2016- una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado y despenalizar el aborto durante las 12 primeras semanas de gestación.
Bajo el argumento de la minoría de edad de los michoacanos, los diputados aseguraban que “Michoacán no está preparado” para discutir el tema, por lo que la iniciativa de Nalleli Pedraza jamás prosperó.
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Es así como el tema del aborto ha escrito muchos pasajes en la vida reciente del Poder Legislativo de Michoacán, tema en el que, ni las concepciones próvida han logrado imponer su visión, ni las acciones en defensa de los derechos de las mujeres han dado para cristalizar la despenalización del aborto durante los tres primeros meses de gestación.
En octubre de 2019 el gobernador Silvano Aureoles Consejo se pronunció a favor de legislar sobre el aborto, y calificó como un “falso debate” el que se da en torno a este, pues consideró que debe verse como un derecho de las mujeres a decidir qué hacen con su cuerpo.
Sin embargo el de Aureoles sólo quedaría a nivel de dicho, ya que jamás realizó acción alguna para poder cristalizar una reforma al Código Penal del Estado en la materia.