Aunque la actual Legislatura local fue la primera en Michoacán integrada mayoritariamente por mujeres, la postura contra la despenalización del aborto de la mayoría fue la que prevaleció.
Morelia, Michoacán.- La LXXV Legislatura local concluirá funciones en septiembre próximo, sin dictaminar las iniciativas pendientes para la despenalización del aborto.
El Pleno Legislativo tiene previsto sesionar hasta el próximo 14 de julio, día en el que darán por concluido el segundo periodo de sesiones del último año legislativo y con ello quedará sin discutirse las diversas iniciativas promovidas tanto por algunos diputados como por colectivas.
Aunque la actual Legislatura local fue la primera en Michoacán integrada mayoritariamente por mujeres, la postura contra la despenalización de la mayoría fue la que prevaleció.
En septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó como inconstitucional la criminalización del aborto, pronunciándose a favor de garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, pese a ello en Michoacán el marco normativo continúa criminalizando a las mujeres que lo practican.
Desde el arranque de la actual legislatura hubo intentos por armonizar la legislación con el mandato de la Corte, en 2021 la diputada Fanny Arreola Pichardo presentó la primera iniciativa para reformar el Código Penal y despenalizar el aborto.
Luego vinieron las iniciativas promovidas por 22 colectivas agrupadas en ILEMich (Interrupción Legal del Embarazo Michoacán). Se trató de un paquete de reformas para derogar el delito de aborto dentro del Código Penal del Estado, y para que en la Ley de Salud se estableciera que el derecho de las niñas y las mujeres a decidir sobre su cuerpo y maternidad incluye la interrupción legal y voluntaria del embarazo, que es la que se realiza con previo consentimiento suyo y durante las primeras doce semanas de gestación.
Después, en junio de 2022, los diputados Juan Carlos Barragán y Julieta García Zepeda promovieron conjuntamente reformas al Código Penal y la Ley de Salud en la materia. En septiembre de ese mismo año, la legisladora Adriana Hernández promovió en el mismo sentido reformas al Código Penal.
Luego vino la propuesta promovida por la entonces diputada Gabriela Cázares Blanco que fue construida por colectivas integrantes de Marea Verde y Red ASALEAS, para reformar la Ley de Salud como al Código Penal del Estado.
El asunto no se tomó con seriedad debida e incluso hubo un intento de simulación cuando en octubre de 2022 el Ejecutivo del Estado intervino para construir un consenso y que se aprobara un dictamen en la materia, sin embargo, éste estaba plagado de inconsistencias por lo que su aprobación no prosperó frente al rechazo de las colectivas.
Bajo el argumento de “práctica parlamentaria” es hábito que las nuevas legislaturas determinen el archivo de todas las iniciativas que le son heredadas, por lo que el esfuerzo de construcción de propuestas generadas a lo largo de la actual Legislatura se prevé corra ese destino.