Ciudad de México.- Durante el desarrollo de la segunda audiencia que está enfrentado Javier Duarte, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Alonso Israel Lira Salas, desmenuzó cómo el ex gobernador de Veracruz construyó una red de desvíos y lavado de dinero.
Lo anterior, durante la audiencia que definirá el rumbo legal de Duarte, en donde el titular de la SEIDO está formando parte del grupo de fiscales que pretende comprobar la responsabilidad del ex mandatario en delitos como peculado, coalición, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal y tráfico de influencias.
Ahí, el abogado de Duarte solicitó que representantes de la Secretaría de Hacienda fueran excluidos de la audiencia, por considerar que éstos habrían asistido bajo una postura ciudadana.
Cabe recordar que de manera coordinada mediante la Unidad de Inteligencia Financiera, autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) así como del Gobierno de Suiza investigan cuentas bancarias en aquella nación, presuntamente ligadas a la red criminal del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte De Ochoa.
Durante la audiencia inicial del proceso legal que lleva el ex mandatario, realizada el pasado lunes, Pedro Guevara Pérez, director general de Procesos de Amparo de Delitos Federales de la PGR, reveló información correspondiente a las cuentas, las cuales, indicó, que están a nombre de Moisés Mansur Cisneyros, uno de los principales testaferros de Javier Duarte.
La PRG dijo que Mansur Cisneyros es quien figura como el acreedor de pagos por 223 millones de pesos de la empresa Brades SA de CV, depositados en las cuentas que maneja Duarte en Suiza, mismas que también son investigadas.
Brades SA de CV es una empresa que pertenece a las hermanas Nadia y Elia Arzate Peralta, que de acuerdo a la carpeta de investigación constituida el 2 de diciembre de 2009, fueron detenidas el 18 de octubre de 2016 y vinculadas a proceso el día 24 del mismo mes; para luego ser sentenciadas el 12 de abril de 2017, bajo una condena tres años y cuatro meses de prisión, respectivamente.
De esta forma, se desahoga la audiencia que habrá de definir el rumbo legal del ex gobernador, Javier Duarte, a quien también se le acusa de haber desviado al menos 650 millones de pesos, provenientes de la Secretaría de Salud.